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Mérida

Otro Juzgado exige al ayuntamiento documentación sobre los quioscos

Mérida

17 de Febrero de 2017

Otro Juzgado exige al ayuntamiento documentación sobre los quioscos

Si el 10 de febrero era el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Mérida el que reclamaba al ayuntamiento de manera urgente, y por segunda vez, la documentación referida al decreto de desalojo de los quioscos de 21 de diciembre, bajo amenaza de sanción, ahora es el número 1 el que ha emitido una diligencia similar, esta vez relacionada con el proceso de licitación.

Los concesionarios de los quioscos recurrieron en su día el pliego de cláusulas administrativas que regía el concurso, sin obtener respuesta favorable, por lo que llevaron el asunto al Juzgado.

Éste requirió al ayuntamiento la documentación que justificase legalmente el procedimiento del concurso, “pero el consistorio hizo caso omiso”, indica el representante de los antiguos concesionarios, Alberto Delgado.

Ahora, en una diligencia fechada el 13 de febrero, el Juzgado de lo Contencioso número 1 insta al ayuntamiento a presentar el expediente en diez días o le sancionará con entre 300 y 1.200 euros.

Delgado apuntó que “como ya dijimos, y contra lo manifestado por la portavoz municipal, el asunto no está archivado; ni lo está el recurso contra el desalojo, como prueba la anterior diligencia, ni el recurso contra el pliego de cláusulas de la licitación”.

Asimismo, el representante de los antiguos concesionarios volvió a lamentar que el ayuntamiento “utilice tácticas dilatorias para retrasar los procedimientos legales en vez de ayudar a la Justicia”, y añadió que “no es de recibo que se dé este trato a los ciudadanos que solo buscan amparo legal, ignorando los requerimientos judiciales hasta el punto de que los juzgados tienen que amenazarles con sanciones para que se sometan al ordenamiento jurídico”.

En todo caso, explicó que los antiguos concesionarios “van a seguir adelante en defensa de lo que consideran justo, y confiando siempre en que los tribunales tienen medios para que una Administración no actúe al margen de lo que marcan los procesos judiciales”.

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