Piden reorientar el gasto militar a inversiones sociales para las personas y grupos vulnerables

Campamento Dignidad se suma a las numerosas organizaciones de la sociedad civil que, respondiendo a la petición de AIPAZ (asociación española de investigación para la paz), solicitan al gobierno de España y al Parlamento español la reorientación de los gastos militares a inversiones sociales para las personas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

"Nos hacemos partícipes del documento que en líneas generales expresa el rechazo a los gastos militares y a la política armamentística, y a su vez pide el empleo de esas ingentes cantidades en alternativas que bien pueden venir para resolver los muchos problemas agravados de manera desmedida por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19", expresan.

"Este momento en que el Gobierno de España va a presentar al Parlamento español una nueva propuesta de Presupuestos Generales del Estado y se inicia el proceso para su aprobación, contando con un contexto de ayudas europeas a España como respuesta a la emergencia de la pandemia de la Covid-19", consideran que es clave para negociar y aprobar una reorientación de gastos militares a inversión eco-social y con perspectiva de género, en especial en favor de las personas y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

Desde la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) y numerosas organizaciones de la sociedad civil observan con preocupación "este enorme e irracional gasto en armamentos, en un momento en que una profunda crisis económica y social azota al mundo y a nuestro país".

En consecuencia, consideran "totalmente inapropiado el ingente gasto militar existente hoy en España", que ronda ya los 20.000 millones de euros anuales (10.199 M€ directos para el Ministerio de Defensa y otros 9.800 restantes repartidos en diversos ministerios), así como los más de 4.000 millones de euros que serán destinados al plan de financiación de los nuevos programas de armamento que tienen como objetivo la modernización de helicópteros, aviones, submarinos, fragatas y la colaboración con varios países europeos para la fabricación de aviones de combate.

La seguridad que más necesita la ciudadanía, a su juicio, es la que proporcionan las políticas públicas en sanidad, educación, protección del empleo, acceso al estatus de ciudadanía plena, prevención de violencia de género, justicia con perspectiva feminista, acceso a la vivienda y demás servicios sociales y protección y promoción de la biodiversidad.

"Es por todo ello por lo que nos unimos a todas las organizaciones y movimientos sociales para solicitar una reorientación del dinero destinado a gastos militares, así como una paralización inmediata de todos los grandes proyectos armamentísticos en curso y que sus importes se destinen, de forma prioritaria, a potenciar políticas públicas dirigidas a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad", sostienen.

"La seguridad para la ciudadanía se trabaja potenciando los sistemas de salud en todos los niveles institucionales, mejorando la educación pública en todas las etapas educativas, fortaleciendo los servicios sociales y dotando presupuestariamente a la ley de la dependencia, con la regularización urgente, permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes que residen en el Estado español, apoyando a todas las personas trabajadoras, los autónomos, la producción alimentaria, el comercio de proximidad y a todos aquellos sectores productivos que se están viendo más afectados por la pandemia de la Covid-19, con la reconversión industrial de la industria armamentística nacional en sectores productivos civiles de interés nacional y europeo, incrementando los recursos humanos y económicos en investigación y puesta en marcha efectiva de proyectos nacionales e internacionales para llevar a cabo la transición ecológica".

FOTO: Archivo 7Días.