Residencias: la deficiente investigación obstaculiza el acceso de la verdad a las familias

Este pasado lunes se cumplieron dos años desde que se detectó el primer caso de coronavirus en España. Desde entonces, miles de personas han fallecido a causa de la pandemia, entre ellas 35.670 personas mayores que vivían en residencias.

Tras analizar la evolución de denuncias que afectan a más de un centenar de residencias en Madrid,  Cataluña, o en Extremadura con la Asistida ‘El Cuartillo’ de Cáceres, Amnistía Internacional ha documentado preocupaciones por la falta de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia, y el impacto que tuvo para los derechos humanos, incluyendo las instrucciones o protocolos para adoptar decisiones concretas sobre la prestación de asistencia sanitaria a las personas mayores que vivían en ellas.

La organización concluye que hasta el momento, las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias, tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho a la vida y exige el acceso de las víctimas a un recurso judicial que sea efectivo. De acuerdo con el Protocolo de Minnesota (ONU, 2016) de investigación de muertes potencialmente ilícitas la obligación de investigar es una parte esencial de la defensa del derecho a la vida.

Amnistía Internacional lamenta que no se está garantizando la verdad para las víctimas, se está extendiendo la impunidad y, como consecuencia, no se asegurará una adecuada reparación del daño causado, ni garantías de no repetición en el futuro.

“Más de 35.000 personas fallecieron en las residencias y sin embargo no hay ninguna persona declarada responsable por lo sucedido. No podemos simplemente dar por hecho que las cifras de muertes en residencias son inevitables y se deben a la pandemia, ni tampoco atribuir toda la responsabilidad a quienes cuidaban a nuestras personas mayores, porque aunque existan múltiples factores que expliquen estas muertes, las medidas que se tomaron ante una masiva vulneración de derechos humanos no fueron las adecuadas y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Así lo denuncian también las organizaciones de defensa de los derechos de las personas residentes como La Plataforma y Marea de Residencias, entre otras.

"Tengo derecho a saber qué estaba pasando. Nos lo han negado también. A mi madre no nos la van a poder devolver, pero algo así, que se podría haber evitado, queremos que no pase nunca más", lamenta Ana María, cuya madre falleció en la residencia Federica Montseny de Barcelona sin haber sido trasladada al hospital, y que ha presentado una denuncia particular ante el juzgado, que año y medio después sigue en trámite.

MINISTERIO FISCAL, UNA INVESTIGACIÓN DEFICIENTE

Aunque el propio Ministerio Fiscal ha reconocido que se produjo una situación objetiva de vulneración de derechos fundamentales en las residencias, de las diligencias de investigación penal llevadas a término por la propia institución, cerca del 90% han sido archivadas sin llevar el caso a los tribunales.

Amnistía Internacional considera que la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal no cumplen con los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia que permitan el esclarecimiento de las circunstancias de las miles de muertes en residencias. La organización ya documentó cómo una cadena de decisiones en la gestión de la pandemia fue definitiva en la situación de abandono de los mayores en las residencias, y todas sus causas deberían ser exhaustivamente investigadas.

"Las familias de las víctimas necesitan un sosiego que solo la verdad les puede proporcionar. Ante un exceso de muertes, con una clara falta de asistencia sanitaria como el que se vivió en la residencias de mayores, un papel proactivo del Ministerio Fiscal es fundamental para aclarar lo sucedido", señala Safira Cantos, responsable de la investigación en Amnistía Internacional España. “Sin embargo, en muchos casos, son los propios familiares quienes soportan la carga de impulsar las investigaciones, puesto que deben aportar los elementos de prueba de las vulneraciones, en muchos casos inaccesibles para ellos, lo que les provoca indefensión”, añade.

"Solo pedimos justicia para que no vuelva a ocurrir algo así. No se trata de seguir ahondando en el dolor de la gente, sino de que la única forma de eliminar un poco ese dolor es haciendo justicia", señala Simone Nicoletti, cuya madre, con Alzheimer, falleció en una residencia en Madrid.

En vista de que el Ministerio Fiscal ha archivado casi todas las investigaciones, son los familiares quienes están presentando denuncias o querellas en los Tribunales, imponiendo una carga más sobre las víctimas, cuando existe una institución, la Fiscalía, que tiene específicamente encomendada la actuación en favor de los derechos de la ciudadanía y del interés general. Ante las denuncias judiciales, el alcance de las investigaciones está siendo muy desigual según el juzgado o tribunal y, en todo caso, avanzan muy lentamente.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales: no lleva a cabo un cómputo de los casos en tribunales, ni ha incorporado en su estadística judicial un indicador de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento global de estas causas, contribuyendo así a la falta de información y transparencia.

Aunque en Madrid Amnistía Internacional ha estado en contacto con representantes del Ministerio Fiscal que han manifestado su compromiso con las investigaciones y su voluntad de analizar detalladamente cada denuncia, la realidad es que dichas investigaciones no han tenido en cuenta las informaciones que podían aportar las propias personas afectadas. También es crítica la situación en Barcelona, donde la denuncia de doscientos familiares en relación con 30 residencias fue archivada por la Fiscalía sin tomar declaración a las víctimas o los profesionales de las residencias.

Amnistía Internacional reconoce el esfuerzo del Ministerio Fiscal en mejorar la información obtenida, a través de la apertura de más de un millar de diligencias civiles para hacer un seguimiento más adecuado de la situación de las personas mayores en las residencias. A la organización le preocupa que este esfuerzo no vaya acompañado de inspecciones presenciales de las residencias, suspendidas prolongadamente durante la pandemia y todavía no plenamente recuperadas en las fiscalías territoriales. Esta falta alarmante de inspecciones sobre el terreno dificulta que Fiscalía pueda acceder a una fuente directa de información que podría apoyar una investigación eficaz en los tribunales.

La organización pide al Ministerio Fiscal que lleve a cabo investigaciones proactivas sobre todos los fallecimientos de personas a las que no se aseguró adecuada asistencia sanitaria, abarcando todos los factores que han intervenido en las muertes en residencias, escuchando a las víctimas y teniendo en cuenta todas las fuentes pertinentes para esclarecer los hechos. La investigación debe esclarecer cómo los protocolos institucionales fueron determinantes en la falta de asistencia hospitalaria a las personas mayores en residencias, tal y como Amnistía Internacional evidenció en su investigación previa y han declarado responsables de residencias.

En los casos que se encuentran judicializados, Amnistía Internacional exige al Ministerio Fiscal que tenga un rol activo promoviendo la acción de la justicia en favor de los derechos de las víctimas.

FALTA INVESTIGAR ADECUADAMENTE LOS PROTOCOLOS

Por otro lado, la aplicación de los protocolos de no derivación a hospitales no se ha investigado adecuadamente, y el Ministerio Fiscal ha concluido que no fueron un impedimento para el traslado hospitalario de residentes enfermos; lo que contrasta con los hallazgos de Amnistía Internacional que sí considera que los protocolos en vigor durante la primera ola de la pandemia provocaron violaciones del derecho a la vida o al acceso a la salud.

En este sentido, el reciente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 10 de enero que estima parcialmente los recursos interpuestos por familiares de residencias en Leganés muestra con claridad la necesidad de investigar de forma exhaustiva el papel que tuvieron estos protocolos en la derivación hospitalaria y los medios disponibles en las residencias para prestar atención médica a los enfermos que no fueron derivados a los hospitales.

La organización considera que estos protocolos son responsables directos de la imposibilidad de acceder a asistencia sanitaria, al menos en Madrid y Cataluña, de miles de personas en los momentos más duros de la pandemia, y que a la hora de decidir sobre el traslado hospitalario de personas mayores que vivían en residencias no se aseguró una valoración individual basada en el mejor pronóstico, sino que se utilizaron criterios que dificultaron enormemente dichos traslados en situaciones en que la pronta y adecuada atención de los y las residentes enfermos podía ser vital.

Los criterios, además de la fragilidad, incluyeron factores como la edad o el deterioro cognitivo, no relacionados con el pronóstico de vida del paciente y asociados al hecho de vivir en una residencia, lo que resulta discriminatorio. Las decisiones médicas deben ser siempre individualizadas y basadas en evidencia científica.

El Ministerio Fiscal tampoco ha tenido en cuenta en sus investigaciones las afirmaciones de responsables de residencias o políticos que reconocen que los protocolos impidieron la derivación a los hospitales de las personas mayores de residencias durante la primera ola de la pandemia, sin que al mismo tiempo se les prestara asistencia sanitaria adecuada en las residencias. Mecanismos internacionales como el Comité DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas) aseguran que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles para todas las personas sin discriminación y, especialmente, para los sectores más vulnerables de la población.

NO SE ESCUCHA A LAS VÍCTIMAS

De acuerdo con las informaciones que Amnistía Internacional ha podido confirmar por representantes del Ministerio Fiscal o fuentes documentales de las investigaciones, entre Madrid y Barcelona se habrían archivado diligencias de investigación de al menos 129 casos sin haber llamado a testificar a familiares para que pudieran participar en el procedimiento y aportar información.

"Excusarse en evitar reiterar su testimonio y el dolor que eso provoca en las víctimas para no llamarles a declarar es un error, porque precisamente lo que más dolor les causa es que su caso acabe en archivo, sin conocer toda la verdad de lo sucedido. La mayoría de los testimonios recogidos por Amnistía Internacional dan mucha importancia al hecho de ser escuchadas en la investigación del Ministerio Fiscal y poder aportar toda la información relevante para la investigación", señala Safira Cantos. “El Protocolo de la ONU sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (aplicable a centros geriátricos) reconoce el derecho de las víctimas (familiares) a participar en las investigaciones”, añade.

“Tienes la sensación de que nadie te escucha, de que no quieren saber, de que nadie se hace eco. La continua negación de los hechos, la desinformación y la mentira en la que vivimos causa mucho dolor", cuenta Ángela Arreba, cuya madre, Julia, falleció el 8 de abril en la residencia Amavir Arganzuela de Madrid, después de un mes durante el que ni siquiera pudieron verla por videoconferencia, y que ha presentado junto a otros familiares una querella en el juzgado.

NI GOBIERNO NI CCAA QUIEREN INVESTIGAR

A pesar de la gravedad de lo sucedido en las residencias, se han ido cerrando en España las pocas comisiones de investigación abiertas en algunos parlamentos autonómicos. Estas sólo han desarrollado, en el mejor de los casos, investigaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo de los hechos. La única comisión de investigación que estaba actualmente en marcha, en Castilla y León, también ha sido cerrada recientemente debido a que se ha anunciado la disolución de las cortes y elecciones anticipadas.

En Cataluña se ha rechazado la creación de una comisión y se ha propuesto un grupo de expertos en su lugar. En el caso de la Comunidad de Madrid, la convocatoria de elecciones también supuso el cierre de la Comisión y en la nueva legislatura no se aprobó su creación, a pesar de que la anterior Comisión no había completado el trabajo previsto.

"A nivel estatal, el Congreso de los Diputados no ha puesto en marcha ninguna comisión de investigación sobre lo sucedido, y a nivel autonómico los intentos han sido en su mayoría inútiles y obstaculizados por los partidos gobernantes, sin importar el signo político. Las autoridades no pueden excusarse en sus mayorías parlamentarias para evitar cumplir con sus obligaciones. Por eso pedimos la creación de una comisión de verdad en el Congreso que analice lo sucedido en residencias durante la pandemia, dé respuesta a las familias para acceder a la verdad y adopte recomendaciones específicas para que no vuelva a suceder algo similar", afirma Beltrán.

FALTA DE PERSONAL Y VISITAS

En esta sexta ola, cuando los contagios también han crecido en las residencias de personas mayores y aunque sus efectos se han mitigado gracias a la vacuna, los centros temen que la falta de personal se vea incrementada por las bajas: en la primera semana de enero de 2022 se produjeron más de 9.000 contagios entre el personal de residencias. Amnistía Internacional y otras organizaciones han reclamado en diversas ocasiones a las autoridades competentes garantizar criterios y mecanismos para adecuar las plantillas del personal de residencias a las necesidades reales de atención de las personas mayores.

La organización recuerda además que es necesario que se garanticen, aunque sea de forma virtual, las visitas de familiares, de manera que no sea algo que dependa en la práctica de la decisión de cada residencia. Las autoridades no deben olvidar que tienen la obligación de velar por el respeto de los derechos humanos en todas las residencias, ya sean de titularidad pública o privada.

EL NUEVO MODELO RESIDENCIAL, PENDIENTE

La organización valora positivamente que el último borrador discutido entre Gobierno y Comunidades Autónomas a finales de diciembre sobre el nuevo modelo residencial establezca unos criterios comunes respecto a los ámbitos de recursos materiales y equipamientos; recursos humanos; aseguramiento de la dignidad de trato y del ejercicio de derechos de las personas usuarias; así como que incorporen criterios e indicadores medibles en relación con las inspecciones.

Sin embargo, Amnistía Internacional considera fundamental que se incluya en el documento final la necesidad de formación obligatoria especializada en la aplicación de protocolos, utilización de EPIs y cuidados directos, así como que se incluya la perspectiva de género en la contratación de personal. También sigue echando en falta indicadores concretos sobre la participación de las familias en situaciones de fuerza mayor o crisis como la vivida durante pandemia para evitar, en lo posible, medidas de confinamiento y restricción de derechos, entre otros, garantizando el contacto regular entre los y las residentes y las familias y allegados. También es primordial la participación de la sociedad civil que trabaja con las personas mayores y las representan en este proceso de cambio de modelo.

Sobre la coordinación con los servicios de asistencia sanitaria del sistema público de salud, el documento incluye algunas medidas importantes, pero es necesario que se especifique que las decisiones médicas se basarán siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas y criterios éticos sobre la mejor evidencia científica disponible; y que las instrucciones y los criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios en ningún caso incluirán criterios discriminatorios en el acceso a la atención sanitaria.

AI respalda las peticiones relativas al modelo residencial de las organizaciones pertenecientes a la mesa de diálogo civil (en especial La Plataforma y Médicos del Mundo), sobre coordinación sociosanitaria y ratios de personal.