Retiran cientos de latas de refresco en Extremadura: "Supone un riesgo para los consumidores"

En el marco de los servicios de inspección y control que la Guardia Civil realiza regularmente en establecimientos de venta al por menor, la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Coria (Cáceres), ha intervenido un total de 430 latas de refrescos de distintas marcas comerciales. Dichos productos carecían de las indicaciones obligatorias en el etiquetado, incumpliendo así la normativa vigente que exige que toda la información aparezca, al menos, en la lengua española oficial del Estado.

La inspección, realizada el pasado 25 de septiembre en un comercio de esta localidad, se centró en verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y etiquetado de los productos alimentarios puestos a la venta, conforme al Real Decreto 1334/1999 y el Reglamento (UE) Nº 1169/2011, que regulan la información alimentaria facilitada al consumidor.

Estas normativas establecen que los productos comercializados en España deben incluir la información necesaria para garantizar la seguridad del consumidor, en especial la descripción del producto, ingredientes y posibles alérgenos, en idioma castellano. La ausencia de dicha información supone un riesgo para los consumidores, que podrían desconocer características fundamentales de los productos que adquieren.

Como resultado de la actuación, las 430 latas de refresco fueron inmovilizadas y precintadas en el propio establecimiento, quedando a disposición de la Delegación Territorial de Salud y Servicios Sociales de Cáceres, autoridad competente para determinar las sanciones en función de la gravedad de la infracción.

La Guardia Civil recuerda la importancia de cumplir con la normativa de etiquetado, cuya finalidad es proteger los derechos del consumidor y asegurar que estos dispongan de información clara y comprensible sobre los productos que adquieren. El incumplimiento de estas normativas puede acarrear sanciones económicas importantes para los establecimientos que no respeten los requisitos legales.

Esta actuación forma parte de los servicios de vigilancia fiscal que realiza la Guardia Civil en toda España, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud pública, evitando la comercialización de productos que no cumplen con la normativa vigente.