Se confirman los paros y la huelga en Ambulancias Tenorio

Finalmente sólo el sindicato USO a nivel regional y el comité de empresa para la provincia de Badajoz han decido seguir adelante con la huelga tras el desmarque a última hora del comité de empresa para la provincia de Cáceres y no haber mostrado su adhesión el resto de organizaciones sindicales.

Sin embargo, la USO ha convocado la huelga a nivel de comunidad autónoma, por lo que todos los trabajadores de la empresa en la región están llamados a los paros marcados para los próximos 20 y 27 de julio y a la huelga indefinida a partir del próximo 3 de agosto.

La posición del comité de huelga es firme entendiendo que, “ante las nefastas condiciones laborales, no puede privarse a los trabajadores y trabajadoras de Ambulancias Tenorio de ejercer el derecho fundamental a la huelga sin que se vean satisfechas la mayoría de sus pretensiones. La posición de la empresa era desconvocar para iniciar un trabajo escalonado sobre los puntos pero son demasiadas las veces que nos hemos visto engañados con ese cuento”.

Desde noviembre de 2017 han sido al menos 15 mediaciones las celebradas en la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura entre empresa y trabajadores y “podemos afirmar sin género de dudas que las condiciones laborales son históricamente las peores desde que Ambulancias Tenorio tomó las riendas del servicio público del transporte sanitario terrestre en la región”.

Lo argumentan añadiendo que prestan el servicio con una flota de vehículos mecánicamente agotada y mal dotada de material, bases de trabajo en pésimas condiciones, falta de EPIs y uniformidad, retrasos en el pago de los salarios, falta de abono de complementos y una larga serie de deficiencias que ponen de manifiesto las dificultades económicas por las que la empresa ha solicitado la rescisión del contrato.

El comité de huelga no considera justo que sean los trabajadores y trabajadoras los que paguen las consecuencias de la nefasta licitación del servicio. Si la solución del conflicto pasa por la solución de los problemas económicos de la empresa, “en ese punto nosotros nada podemos hacer”.

“EL SES LO CONSIENTE”

“La plantilla lleva dos años y medio sosteniendo sobre sus espaldas todas las deficiencias e irregularidades en la prestación del servicio, y tras dos infructuosas desconvocatorias de huelga se hace muy difícil que se llegue a un acuerdo mediante meras promesas por parte de la empresa. Todo esto con el agravante de la pasividad del Servicio Extremeño de Salud, que presente en la mayoría de las mediaciones es testigo directo y conocedor de los incumplimientos que la empresa realiza sobre sus obligaciones en materia laboral y en materia contractual. El servicio se presta deficitariamente desde el primer día y el SES lo ha venido consintiendo con el consiguiente e innecesario perjuicio sobre trabajadores y usuarios”.

Consideran por ello que es hora de que alguien desde el SES asuma responsabilidades y dé la cara ante los trabajadores, “quienes no hemos sido llamados por el ente público desde que anunciáramos el conflicto máxime cuando desde la Junta de Extremadura se han anunciado medidas que afectan en gran manera al futuro laboral del sector”.

Tal y como recordaron a la representación del SES en el acto de mediación, fueron los trabajadores los que levantaron el servicio especialmente durante el caos vivido en noviembre de 2017 “y aún no hemos visto recompensados aquellos esfuerzos, para lo que pedimos únicamente que se nos tenga en cuenta en todo lo que afecta a nuestro futuro”.

Además, tienen solicitadas varias reuniones con la gerencia del SES con el objetivo de abordar todos los problemas “y solo hemos obtenido el silencio por respuesta. Esta pasividad y ninguneo por parte del SES es la que en parte ha motivado tomar esta huelga como medida de presión, medida que siempre hemos considerado como último recurso por el bien del servicio”.

Para el comité de huelga, el cumplimiento estricto en materia de prevención de riesgos laborales es una línea roja infranqueable ya que lo contrario sería poner en peligro de manera consciente a trabajadores y usuarios. Y ya no hablamos sobre las medidas preventivas para la COVID-19, asunto que tienen judicializado, tan solo hablan del resto de medidas preventivas de obligado cumplimiento por parte de esta y todas las empresas de este país.

LOS PROBLEMAS MÁS GRAVES

Entre los asuntos más graves que afectan a los trabajadores y trabajadoras, además de a los usuarios del servicio, está el nefasto mantenimiento de vehículos, con gran parte de la flota con problemas mecánicos y de dotación material. El principal problema que se encuentran ahora es con el aire acondicionado. En una región acostumbrada a marcar las cotas más altas de temperatura de todo el país, esto último es de especial relevancia ya que son muchos los vehículos con problemas de climatización, comprometiendo la salud de los trabajadores y los usuarios. A estas alturas de verano, se han llegado a detectar más de 45 grados en el interior de algunos vehículos durante la prestación de servicios. Igualmente la habitabilidad de las bases de trabajo es algo innegociable, los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestar sus servicios en condiciones dignas.

Además, muchas ambulancias superan los 400.000 kilómetros incumpliendo las condiciones del contrato. “Aun así para nosotros serían admisibles vehículos de cualquier kilometraje si al menos se mantuvieran en óptimas condiciones, que no es el caso. El Servicio Extremeño de Salud está permitiendo que dichas ambulancias sigan en servicio cuando esa condición tenía precisamente el objetivo de que vehículos agotados mecánicamente fueran retirados del servicio”.

Consideran igualmente necesario para desconvocar esta huelga que la empresa cumpla con el abono del salario en tiempo y forma ya que las sistemáticas demoras en las que viene incurriendo durante muchos meses afectan de manera negativa a la economía de las familias de los trabajadores y trabajadoras. “Creemos necesario insistir en que no existen pretensiones económicas, únicamente sociolaborales. Tan sólo exigimos a la empresa que abone un 10% de recargo en caso de no cumplir con los plazos, tal y como marca la ley”.

Existe igualmente un problema con el disfrute de las vacaciones que requiere una solución aceptable por parte de la empresa. Aseguran que actualmente Ambulancias Tenorio se niega a reforzar su plantilla para un correcto disfrute vacacional tal y como se dispone en el Estatuto de los Trabajadores. La empresa “sugiere” a los trabajadores y trabajadoras que si quieren disfrutar las vacaciones en los periodos elegidos deben cubrir las vacaciones de los compañeros, “una maniobra que bien podría tenerse como coacción”.

“Los que no acceden a esto son usualmente discriminados. Se da la circunstancia que el pasado 19 de junio se celebró una mediación en materia de vacaciones y la empresa se negó radicalmente a dar ningún paso en ese sentido y ha sido sólo con el planteamiento de la huelga que se ha ofrecido a hablar algo de desvirtúa e insulta los términos de la negociación colectiva y el principio de la buena fe”.

OTRAS PROBLEMÁTICAS

Necesitan igualmente que la empresa implemente un sistema de resolución de incidencias eficaz. Existen trabajadores y trabajadoras que llevan más de dos años esperando por el uniforme de trabajo e igualmente gran cantidad de los mismos, cercana a la totalidad de la plantilla, tienen incidencias de nómina sin resolver desde noviembre del año pasado.

“La empresa también abusa de la temporalidad y tiene suscritos muchos contratos de carácter eventual, prácticas o de obra y servicio con trabajadores que prestan servicios en puestos estructurales. Consideramos, tal y como se desprende de la legalidad vigente, que estos contratos deberían ser indefinidos. Con el anuncio de una próxima licitación estos trabajadores han visto incrementadas sus dudas e incertidumbres acerca de su futuro”.

Además, los trabajadores y trabajadoras siguen también con la incertidumbre de no saber si han pasado o no la COVID-19. Por ello, necesitan que se realicen test a toda la plantilla y exigen a la empresa que los incluya en los chequeos periódicos de vigilancia de la salud. De momento la respuesta es: “taxativamente no”.

Los descansos del personal que presta el servicio de programado es el manido asunto que se ha visto incluido en todas las convocatorias de huelga y que nunca se toca. Esta vez formará parte de una nueva línea roja. El descanso de 12 horas entre jornadas es obligado por imperativo legal “y no podemos admitir de ninguna manera puntos intermedios”.

Por si fuera poco, los trabajadores y trabajadoras han visto cómo la empresa ha decido unilateralmente paralizar la negociación del convenio colectivo, algo que dada la incertidumbre de una próxima licitación “consideramos una hipoteca para la plantilla”. Por ello exogen a la empresa que se sume a una negociación exprés que suponga un texto digno para los profesionales del sector para antes de la siguiente licitación del servicio. El actual convenio terminó su vigencia a final de 2018.

Para finalizar, piden a la empresa que regularice todos los contratos relativos a aquellos puestos de trabajo de carácter estructural y que están siendo ocupados por personal con contrato eventual, en prácticas o similar. Exigen la transformación a indefinido de todos los contratos afectados antes de que se creen las listas de subrogación de personal para la siguiente licitación.

“Creemos que son muchos los puntos donde podemos llegar a acuerdos y el comité de huelga está dispuesto a reunirse cuantas veces sean necesarias y por el tiempo que sea necesario con objeto de poner fin al conflicto cuanto antes, pero advertimos que esto nunca llegará sin una solución digna para los trabajadores, deseando por supuesto que esa solución sea igualmente digna para la empresa”.