Solicitan cambiar la política forestal para evitar incendios y fijar población en Sierra de Gata

La comarca de Sierra de Gata ha sufrido en las últimas décadas incendios devastadores que no han servido para modificar una política forestal tradicionalmente basada en la madera como único recurso. Las plantaciones madereras pueden ser una importante fuente de ingresos en la economía local, pero para ello deben formar parte de un territorio diverso que permita el desarrollo de actividades forestales, agrícolas y ganaderas que sirven de cortafuegos a la vez que generan empleo.

Y en relación con esto, varias asociaciones (Asociación Arba Extremadura. Asociación Campo Vivo. Asociación del Castañar de Hoyos. Asociación de Empresarios Rivera de Gata. Asociación Mosaico. Asociación Reforest-Acción. Asociación Sierra de Gata Sostenible. Asociación Vettonia) expresan la necesidad y urgencia de aprobar una ley de flexibilidad alimentaria en la comunidad extremeña, que facilite la venta de los pequeños productores y como consecuencia asegurar una economía local que facilite el asentamiento de personas en la Sierra de Gata.

Hasta la fecha, los montes propiedad de los ayuntamientos vienen siendo gestionados por la administración regional sin posibilidad de participación de la sociedad local, que -aseveran- está muy interesada en una diversificación de la economía y la creación de pequeñas empresas transformadoras y comercializadoras.

"Esta voluntad de los habitantes y sus ayuntamientos se ve permanentemente limitada por la normativa que regula el uso de los montes públicos que ocupan la mayor parte de la superficie forestal. Asimismo, el desarrollo de las iniciativas locales sufre restricciones y retrasos administrativos en gran parte por la falta de colaboración y empatía de los técnicos de la administración responsables", añaden.

Por otra parte, las zonas incendiadas sufren periodos de 30 años en los que no es posible realizar cambios de cultivo que son muy necesarios en zonas estratégicas para detener los incendios, lo cual provoca nuevas acumulaciones de combustible para futuras catástrofes. Explican que el artículo 50 de la actual Ley de montes ofrece la posibilidad a las comunidades autónomas de legislar el cambio de uso forestal cuando concurran razones de interés público, como es el caso en zonas de riesgo extremo de incendio y despoblación.

"Hace cinco años comenzó aparentemente un giro en la política forestal basada en el impulso de actividades agrarias capaces de diversificar el paisaje y la economía, única forma de combatir de verdad los grandes incendios que cada verano mantienen en vilo a los pueblos. Recibimos con satisfacción esta propuesta en su día y agradecemos la ejecución de infraestructuras de prevención de incendios, pero además se necesitan transformar el territorio con un gran número de áreas productivas que actúen como cortafuegos aprovechados por los vecinos", agregan.

Por ello exigen:

-Un verdadero cambio en la gestión de los montes públicos basado en las propuestas de los ayuntamientos y con los técnicos de la administración como verdaderos agentes facilitadores al servicio de la población.

-La cesión de terrenos de los montes municipales para ser utilizados por los vecinos y empresas en actividades agroganaderas que cuenten con un proyecto técnico viable.

-La cesión de terrenos de los montes municipales para la instalación de pequeñas áreas agroindustriales que favorezcan el emprendimiento.

-La agilización de la tramitación administrativa de permisos para acelerar los cambios de uso y los cambios de especie forestal en el marco legal vigente.

-Un nuevo marco legal que facilite el trabajo de los pequeños productores y la comercialización de los productos locales.

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