Trabajadores fallecidos en el Guadiana: ¿Qué pudo pasar?

El pasado 25 de enero tres trabajadores pertenecientes al dispositivo de lucha contra el camalote de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) fallecían en el río Guadiana tras volcar la barca en la que realizaban labores de vigilancia.

Hasta ahora las familias han luchado para que se haga justicia y se sepa por qué no pudieron salvar sus vidas cuando debería de existir un plan para ese tipo de situaciones. 7Días se ha puesto en contacto con su equipo de abogados y José Antonio Pajuelo ha explicado en qué punto se encuentra el caso.

¿INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS?

Cuando se produce un siniestro laboral como este con decesos, la maquinaria que se pone en marcha es la de la Inspección de Trabajo para comprobar si se podrían haber incumplido normas específicas que hubieran minimizado los daños. “Eso se abre por vía administrativa”, explica Pajuelo, mientras que al haber lesiones –en este caso fallecidos- se abre también una vía penal.

Esto quedó a expensas de que saliera a la luz el informe de la Inspección de Trabajo y ahora que ya se conoce hay conocimiento de posibles infracciones por parte de las empresas subcontratadas por CHG.

Por un lado, según el Centro Extremeño de Seguridad y Salud laboral –dependiente de la Junta-, ese día las condiciones meteorológicas y el estado del río -en cuanto a caudal y corriente- no eran los adecuados para mandar a navegar a alguien por él y “los afectados tuvieron que desplazarse en barca de una zona a otra para poder ejercer las tareas”.

Se observan también incumplimientos en materia de riesgos laborales con respecto a la formación de los trabajadores al no asegurarse bien las empresas de que tenían la destreza necesaria en el nado que se precisa para hacer un trabajo de ese calibre. “Los trabajadores en su día manifestaron que sabían nadar, pero la empresa tendría que haberse asegurado de ello”, indica Pajuelo a este medio.

Otro de los incumplimientos vendría al no tener establecido un plan de emergencia, “parece ser que había uno para incendios, pero no para este otro tipo de siniestros. No había un protocolo a seguir para poder resolverlo”.

De igual modo la Inspección de Trabajo cuestiona los equipos de salvamento y la ropa de trabajo, que no serían los idóneos. El hecho de usar conjuntamente los vadeadores -tipo de traje impermeable que va desde los pies hasta el pecho- y el salvavidas no se entiende, ya que se trata de una prenda que si se llena de agua te hunde y un objeto por otra parte que lo que quiere es que no te hundas.

Al apreciar estos detalles, “en vía administrativa se han abierto unas actas de infracción y se ha dado traslado a las empresas y los intervinientes para que aleguen”, expresa Pajuelo. Cuando se hagan estas alegaciones, con las conclusiones del informe se dirá si se impone sanción o recargos en materia de prestaciones.

En la vía penal “lo que ha hecho el Juez es dar traslado a la Fiscalía para que diga si tiene suficientes pruebas para enjuiciar el caso, necesita más o pida archivar la causa”. Hay que recordar que los afectados pertenecían a Foresa y EXVER, subcontratas de CHG.

¿PUDIERON TENER PARTE DE CULPA LOS TRABAJADORES?

Los trabajadores deben colocarse los vadeadores correctamente y no quitárselos en ningún momento, así como mantener una buena colocación encima de la barca. El informe de la Inspección de Trabajo no dice en sus puntos que los mismos pudieran haberlos llevado mal puestos o estuvieran situación incorrectamente mientras navegaban, por lo que hasta ahora se descarta que corrieran riesgos ellos mismos.

No obstante el caso aún puede estar meses sin resolverse, asevera Pajuelo a 7Días, al no haber plazos estipulados. Las consecuencias para las empresas en vía administrativa van desde sanciones y recargos en las prestaciones a la Seguridad Social, mientras que en la vía penal podrían enfrentarse a un delito contra los derechos de los trabajadores.