Una denuncia en Navalmoral de la Mata fue clave para acabar con un grupo criminal

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres, han desmantelado un grupo criminal especializado en cometer estafas, a nivel nacional, en la compra de productos comestibles a empresas del sector, para su posterior distribución en supermercados.

Han sido detenidas 4 personas, e investigadas otras 2, en las provincias de Alicante y Murcia, por los presuntos delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil, falsedad documental, receptación y pertenencia a grupo criminal. La Guardia Civil ha localizado y recuperado 1.500 kilogramos de productos adquiridos fraudulentamente.

LOS HECHOS

La investigación comenzó hace más de un año, a raíz de la denuncia presentada por una empresa de frutos secos de la localidad de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por el impago de una partida de mercancía suministrada.

La investigación llevada a cabo por estos hechos, evidenció que la empresa morala había sido objeto de varios delitos de estafa, por un importe total de 116.000 euros, desprendiéndose la autoría de los mismos en un grupo de personas que, usurpando la personalidad de distintos administradores o encargados de empresas solventes del sector, realizaban pedidos a nombre de estas, los cuales no llegaban a pagar.

Modus Operandi

Llegado el vencimiento del tiempo de pago, la empresa suministradora no podía reclamar los importes convenidos debido tanto a la imposibilidad de contactar con los contratantes como que, al reclamar el pago directamente a las supuestas empresas implicadas, las mismas desconocían de la adquisición de dichos pedidos y del hecho de que hubieran utilizado y usurpado su identidad jurídica.

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La actividad delictiva del Grupo se enfocaba en pedidos de productos comestibles poco perecederos, como frutos secos (pistachos, anacardos, almendras, nueces) o alimentos envasados (harinas, tomate), solicitando grandes cantidades, de entre 3 y 4 toneladas de peso por pedido.

Las líneas de investigación desarrolladas evidenciaron que el destino final de las mercancías adquiridas fraudulentamente, habían sido distintas ubicaciones en las provincias de Murcia y Alicante, para cuyo porte había sido contratado y subcontratado todo un entramado de empresas de transportes.

Incluso se pudo comprobar la realización de trasvases durante los trayectos, siendo los propios conductores los que, en última instancia, recibían instrucciones telefónicas para que cambiaran el lugar de descarga del género, en contraposición al que había sido indicado a la empresa suministradora. En esta ubicación final, otra persona era la encargada de recoger la mercancía firmando los albaranes, para lo cual usurpaba la personalidad de un tercero haciendo uso del número de su Documento Nacional de Identidad.

Tras la recepción de estos efectos, los mismos eran depositados en pequeños almacenes de las provincias indicadas, desde los que rápidamente eran distribuidos a supermercados de la zona, resultando este el último escalón del Grupo, necesario para la consecución de los fines delictivos.

Durante las inspecciones practicadas a estos establecimientos, los responsables de los mismos no pudieron aportar datos correspondientes a la trazabilidad de estos productos, que ya tenían expuestos a la venta al público, no pudiendo, por tanto, acreditar la lícita procedencia de los mismos.