USO: “El Gobierno de Fernández Vara persigue la aniquilación del personal temporal en la Junta”

En la mañana del 6 de mayo, Función Pública presentó un nuevo borrador de propuesta de estabilización de las plazas ocupadas por personal temporal e interino en la Administración General de la Junta de Extremadura, "volviendo a reflejarse la campaña iniciada hace meses de eliminación de estos empleados públicos y con una actitud que poco refleja las que debería ser señas de identidad de un Gobierno Socialista y Obrero, aflorando más bien una altanería, despotismo y prepotencia propios de un régimen de otros tiempos", afirman desde la Unión Sindical Obrera.

USO explica que el 28 de octubre del año pasado, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, les deleitaba en su intervención en la Asamblea de Extremadura con esta frase: “Lo primero que niego es que haya en la Junta de Extremadura ningún empleado público en fraude de Ley”. Esta intervención solamente puede reflejar dos alternativas según apuntan: "La falta de respeto que tiene la Sra. Consejera hacia estos empleados y con la ciudadanía en general, al faltar a la verdad de esa manera en la sede de la Asamblea, o el desconocimiento de la situación real de la consejería que dirige que manifiesta una falta de capacidad evidente para seguir desempeñando estas funciones. Ante cualquiera de estas dos alternativas, el Sr. Presidente debería proceder de manera inmediata a cesar a la Sra. Consejera, ya que, según la propuesta presentada por Función Pública, hay un mínimo de 3.200 plazas ocupadas en fraude de ley en la Administración General de la Junta de Extremadura".

Por otro lado, remarcan que la propuesta presentada no responde a los intereses de los trabajadores afectados ni de la ciudadanía en general, ya que, si no rectifican y modifican esa propuesta, se producirán miles de ceses que darán lugar a indemnizaciones que en su conjunto podría superar incluso el gasto de la demolición de Valdecañas. "Esto lastraría las cuentas públicas y podrían implicar la reducción de servicios públicos al tener que desviar esos fondos para hacer frente a esas indemnizaciones en unos presupuestos públicos que están tan estirados que, cualquier alteración de esta magnitud, puede suponer que se desplomen como una baraja de naipes", añaden.

Ante la situación a la que nos enfrentamos, desde USO piden al presidente "que tome cartas en el asunto y que no deseche la inversión que han realizado durante tantos años los ciudadanos extremeños en la formación de estos empleados y empleadas públicos, que evite que se malgaste el dinero público al tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias, que potencie la estabilización de estos empleados en abuso de la temporalidad según lo establecido en la legislación de aplicación y que en la oferta de empleo público se incluyan las plazas ocupadas por colectivos olvidados de manera interesada por Función Pública, como son el profesorado de religión y monitores de actividades formativas complementarias, ya que están dentro del ámbito de aplicación de la Ley y su no inclusión implicaría un incumplimiento de la misma".