30 millones de euros para que jóvenes agricultores extremeños creen empresas

El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de ayudas a jóvenes agricultores y agricultoras para la creación de empresas en el ejercicio de 2019, cofinanciadas por el FEADER, la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Extremadura, con un presupuesto de 30 millones de euros.

De acuerdo con el decreto que regula este régimen de ayudas (decreto 7/2019, de 5 de febrero) podrán optar a ellas agricultores y agricultoras que se establezcan por primera vez como titulares de una explotación agraria, bien de forma individual o junto con otros agricultores y agricultoras y en cualquier forma jurídica.

Las personas solicitantes deberán contar con la capacidad y las competencias profesionales o académicas adecuadas en el momento de la solicitud y comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación, así como a cumplir lo previsto en el plan empresarial objeto de ayuda y a mantener las condiciones que dieron lugar a la concesión de la ayuda, al menos durante 5 años.

La ayuda consiste en una prima que comprende dos conceptos, la prima básica y los incrementos. La cuantía de la prima básica se establece en 15.000 euros, cantidad que se podrá incrementar hasta un máximo de 70.000 euros si el Plan Empresarial incluye la previsión de gastos para la puesta en marcha de la explotación o cualquiera otra de las circunstancias que se detallan en el decreto de bases.

Entre esas circunstancias se incluyen la contratación adicional de un trabajador o trabajadora agraria a jornada completa durante el periodo de compromisos; el hecho de que la totalidad de la explotación sea de producción ecológica; la participación en programas de I+D+i; o el que la totalidad de la explotación esté ubicada en una zona de montaña.

Además, entre los mecanismos articulados para la consecución de la igualdad efectiva de género destaca el apoyo a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

En este sentido, destaca la acción positiva consistente en introducir como criterio puntuable que la solicitud sea promovida por explotaciones de titularidad compartida, con la finalidad de promover una mayor participación de la mujer en este ámbito.