450 guardias civiles vigilarán Olivenza

Cristina Herrera, delegada del Gobierno en Extremadura, ha presidido junto al alcalde de Olivenza, Manuel José González, la Junta Local de Seguridad de esta localidad pacense con motivo de la celebración de la XXVIII Feria del Toro, que se desarrollará del 1 al 4 de marzo.

En coordinación con la Guardia Civil y la Policía Local, durante la reunión han establecido los dispositivos de tráfico y seguridad para dichos días, que congregan en Olivenza a un número de visitantes que llega a multiplicar por cinco los habitantes residentes durante el año en esta población.

La delegada del Gobierno ha confirmado que serán aproximadamente 450 los agentes que velarán por la seguridad en la feria en el cómputo total de las jornadas, entre agentes de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Unidades Especiales, incluida la presencia de unidades de apoyo de USECIC de la Comandancia de Badajoz y de la Unidad de Intervención (GRS) de Sevilla. Además, se sumará un helicóptero perteneciente al Servicio Aéreo Sur de la Guardia Civil.

MAYOR SENSACIÓN DE SEGURIDAD

“El objetivo es ofrecer la mayor sensación de seguridad posible en las zonas donde se concentran más personas durante la feria, como es el propio recinto, la zona del ‘botellón’ o las proximidades de la Plaza de Toros”, ha destacado.

La delegada ha advertido que en los últimos años y gracias a la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, la feria ha destacado por su seguridad, no produciéndose incidentes relevantes. El año pasado fueron escasas las denuncias por robo de bolsos, teléfonos móviles o entradas de las corridas de toros.

Por otra parte, recomiendan a los aficionados taurinos que el día de los festejos acudan a la plaza con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones, teniendo en cuenta que las puertas del coso se abrirán dos horas antes de cada corrida.

BALANCE DE DELITOS

La delegada del Gobierno ha resaltado que Olivenza sigue siendo una ciudad “muy segura”. Incluso los delitos graves y menos graves han descendido, de 125 en 2016, a 121 en 2017; el número de infracciones penales ha subido de 258 a 268; el número de detenidos ha pasado de 47 a 23 y el número de investigados ha ascendido de 60 a 70 de 2016 a 2017; por último, el número de infracciones administrativas por consumo de drogas en vías públicas ha bajado de 22 a 10.