Acta de infracción a CBM-Secuoya (Canal Extremadura): “Indignante situación de precariedad”

Desde el inicio de la pandemia la plantilla de 34-40 trabajadores de la licitación pública que realiza los servicios informativos de Canal Extremadura TV a través de la productora CBM - SECUOYA, aseguran estar sufriendo “una indignante situación de precariedad en Salud Laboral y medidas de Prevención” asumiendo un elevado nivel de riesgo al contagio.

“Tras el requerimiento realizado por la Inspección de trabajo (ITSS) en abril de 2021, que instaba a la empresa a que se aplicaran las medidas de prevención, uso, limpieza y desinfección de los lugares de trabajo como consecuencia de la pandemia por Covid-19,  desabastecimiento de mascarillas, etc. y ante el incumplimiento de parte del mismo requerimiento y posterior denuncia, la Inspección de Trabajo levanta Acta de infracción en enero de 2022 según lo dispuesto en el artículo 31.5 de la Ley 2/2021 del 29 de marzo de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La empresa no ha llevado a cabo las medidas de prevención dirigidas a paliar las consecuencias y efectos negativos que en el entorno laboral está suponiendo la pandemia. Un claro ejemplo fue el desabastecimiento de material preventivo y ausencia de medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el  SARS-CoV-2. Se priorizó la realización de los trabajos a la seguridad y salud de las personas trabajadoras, vulnerando el derecho a una protección eficaz de la seguridad y la salud, como la primera obligación de la empresa”, explican.

Cuentan que hubo desabastecimiento de EPIS antes y después del requerimiento de la ITSS, los sprays de desinfección los tenían que comprar los propios trabajadores/as, además de insuficientes medidas de limpieza e higiene en los centros de trabajo.

“Mientras Canal Extremadura y otras empresas han realizado un gran esfuerzo destinando parte de sus presupuestos a medidas de prevención (ejemplos: Servicio de Realización de pruebas de antígenos para los trabajadores de Canal Extremadura por un presupuesto de 25.500,00€ - OCTUBRE 2021. O el servicio de tratamiento de desinfección de edificios y vehículos ante el riesgo biológico de exposición al COv2 por un presupuesto de 106.600,00€ - NOVIEMBRE 2020… entre otros) a la plantilla de CBM-Secuoya en Extremadura no se le ha realizado a día de hoy ninguna prueba de antígenos ni tampoco desinfecciones en centros de trabajo o vehículos desde el inicio de la pandemia. Todo ello a pesar de realizar el mismo trabajo y ante un mayor riesgo de exposición al virus al no contemplarse para estos trabajadores la posibilidad de teletrabajar y al denegarse sistemáticamente las solicitudes de adaptación de jornadas por conciliación, maternidad... incluso durante el confinamiento”, añaden.

La percepción de ser tratados como personal de segunda categoría y la precariedad en las condiciones salariales y laborales se ha agudizado durante la crisis sanitaria ya que sostienen que no se han seguido criterios análogos en los protocolos de Prevención ante el COVID. “Son circunstancias ante las que tanto la administración como Canal Extremadura se deberían responsabilizar y vigilar, y hacer cumplir en materia de Salud Laboral y Prevención, más en el marco de una pandemia y tomar, por ello, las medidas sancionadoras que procedieran, además de obligar a la productora a cumplir y ajustarse al contenido y las condiciones que se prescriben en los pliegos de sus propias licitaciones”, apostillan.

LICITACIONES PÚBLICAS

El colectivo cree que la Junta de Extremadura debe responsabilizarse y vigilar aquellos servicios que gestionan con fondos públicos y el cumplimiento de los pliegos de unas licitaciones donde hay unas cláusulas sociales y condiciones referentes a la Prevención de riesgos y a la Salud laboral de los trabajadores.

"En Extremadura, CBM-Secuoya cuenta de momento con casi una decena de denuncias y reclamaciones interpuestas en materia de elecciones, jornadas de trabajo interminables, incumplimiento de los descansos, horas complementarias, opacidad a la hora de informar a los RLT, derecho a los permisos de formación, Prevención de Riesgos Laborales y salud Laboral… Denuncias interpuestas incluso después de los requerimientos de la Inspección de Trabajo (ITSS) ya que incumplen los mismos". Incluso aseguran que durante una época a los trabajadores se les denegaba las solicitudes de las vacaciones "ya que imponían que tan sólo eran 29 días al año los que podían disponer para sus vacaciones, en lugar de los 30 días que mencionan sus contratos, el Estatuto de los Trabajadores y cualquier Convenio de un país Occidental".