Multas de miles de euros por envenenar un Águila Imperial en Extremadura

Naciones Unidas ha reconocido como un derecho fundamental humano disfrutar de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. España ha sido uno de los 100 países patrocinadores de este avance, gracias al impulso de la sociedad civil y de la campaña #1Planet1Right puesta en marcha por BirdLife International. Avances que ya se reflejaban en la Constitución Española en su artículo 45 y que ahora tienen un reconocimiento mundial.

Todos los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos incluido este nuevo derecho al medio ambiente. Para cumplir con este mandato, son numerosas las entidades públicas y privadas que trabajan para la implementación de medidas y acciones encaminadas al disfrute y aplicación de ese derecho.

Según Asunción Ruiz, directora Ejecutiva de SEO/BirdLife: "El derecho universal a un medio ambiente sano debe inspirar las políticas y actuaciones de los poderes públicos y servir de impulso para una transformación social que ponga al medio ambiente en primer lugar. En la defensa de ese derecho deben participar todos los actores implicados, teniendo la sociedad civil un papel esencial."

En ese marco y con el objetivo de contribuir al desarrollo del artículo 45 de la Constitución, SEO/BirdLife puso en marcha en 2018 el LIFE Guardianes de la Naturaleza, que ha finalizado este año. Desde su puesta en marcha ha conseguido logros destacables en la lucha contra la criminalidad ambiental, contribuyendo al derecho y el deber constitucional de conservar el medio ambiente. Coordinado por SEO/BirdLife, y financiado por el programa Life de la Unión Europea, sus acciones han repercutido en la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad en España, Portugal y el resto de la Unión Europea.

Fortalecimiento de la defensa del medio ambiente

Entre estos logros destaca, por ejemplo, la formación especializada de más de 1.500 agentes de la autoridad, así como de otros profesionales y expertos del derecho y la conservación de la naturaleza en la lucha contra las acciones ilegales ambientales, y para una mejor coordinación entre ellos, a través de 25 cursos especializados.  Se han visto beneficiados funcionarios y profesionales de los cuerpos policiales sobre investigación de delitos ambientales de España (agentes forestales y de medio ambiente, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d´Escuadra, Policía Foral de Navarra y policías municipales), así como de otros países, como la Guardia Nacional Republicana en Portugal y la Gendarmería Nacional en Francia. 

Se ha editado el primer "Manual de investigación policial de delitos e infracciones contra la biodiversidad", en español, inglés, portugués y griego y elaborado por la Junta de Andalucía y SEO/BirdLife con la colaboración de Europol. También una "Guía de lecciones prácticas aprendidas sobre actuación legal en procedimientos penales por delitos ambientales", que recoge la experiencia de SEO/BirdLife en los tribunales

Inteligencia ambiental

Otro resultado importante es haber detectado un 110% más de delitos e infracciones ambientales desde la puesta en marcha del proyecto. Se ha pasado de 2.633 delitos contra la fauna detectados en 2018 a los 5.553 de 2022. A ello ha contribuido una de las principales herramientas creadas: la primera unidad de inteligencia ambiental de la UE: la Oficina Central Nacional (OCN), que representa un gran avance referente en la investigación policial, el análisis de información y la mejora de la coordinación y comunicación de las actuaciones a nivel nacional.  Esta labor de la OCN se fortalecerá con material técnico, como cinco drones, radiobalizas, equipos de grabación de vídeo, material informático, así como una unidad de laboratorio móvil para la mejora de la investigación de estos delitos y la obtención de pruebas.

Reducir la impunidad

Otro hito es sin duda la reducción de la impunidad con un 34'5% más de procedimientos judiciales incoados por delitos contra la fauna y la flora. SEO/BirdLife y SPEA se han personado en 31 procedimientos judiciales por caza ilegal, prevaricación administrativa, electrocución de avifauna destrucción de hábitats, instalaciones energéticas en zonas protegidas o la concesión de autorizaciones para la destrucción de nidos de avión común o el control de cormorán grande, entre otros hechos. 

Además, con el objeto de canalizar la acción social, se ha desarrollado un Portal de Denuncias online en el que se han recibido y analizado miles de consultas ciudadanas desde 2020, que han dado lugar a la tramitación y pre­sentación de más de 800 denuncias escritas ante las autoridades públicas por diversos tipos de agresiones al medio ambiente. 

El incremento de la detección de delitos y su judicialización se ha alcanzado también mediante operaciones concretas de la Guardia Civil contra el crimen ambiental. Se han llevado a cabo nueve operaciones específicas en hechos relacionados con el uso de veneno, el tráfico de especies y residuos, la extracción ilegal de agua, la electrocución de avifauna o la liberación de especies invasoras.

Una sociedad sensibilizada

En España, el 70'8% de la población considera que los delitos medioambientales son igual de importantes que el resto de los delitos (un 6,4% más que en 2018, cuando se puso en marcha el proyecto).

También se está desarrollando un proyecto en institutos con la realización de ocho murales en distintos institutos de enseñanza secundaria de España haciendo hincapié en cada uno de ellos en una especie y un delito. Entre ellos la caza ilegal, el uso ilegal de veneno, el tráfico ilegal de especies, la captura ilegal de fringílidos, los incendios intencionados o los vertidos de hidrocarburos. Han participado más de 650 estudiantes y 25 profesores, junto a la psicóloga y muralista Lourdes Berzas.

Mayor información sobre el alcance de la criminalidad ambiental

Otra importante aportación del proyecto es una metodología sobre valoración económica de fauna silvestre afectada por acciones ilegales, que resolverá el problema que supone la actual existencia de distintas valoraciones en las comunidades autónomas y la UE, lo que da lugar a que un ejemplar de una especie no valga lo mismo dependiendo de donde haya sido abatido o capturado. Por ejemplo, un águila imperial ibérica que fuera envenenada tendría un coste de 90.512€ en Extremadura, 60.000 si hubiera muerto en Castilla-La Mancha, 3.900€ en Madrid o 2.404€ si hubiera comido el cebo en Castilla y León.

Para finalizar, y como resultado más excepcional: desde 2018 se ha registrado un 62% menos de muertes y lesiones de animales debido a actuaciones ilegales, objetivo principal al que se han dirigido todas las acciones del Life Guardianes de la Naturaleza.