Aprobada la Ley del Reto Demográfico y Territorial de Extremadura

La Asamblea de Extremadura ha aprobado, por unanimidad, la Ley de medidas ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura. Esta Ley, que ha sido fruto del consenso de todos los grupos políticos representados en el parlamento regional, tiene como objetivo propiciar una igualdad territorial en el acceso a las oportunidades para toda la población extremeña, con independencia de su lugar de residencia.

Para conseguirlo, establece una serie de mecanismos, como la dotación de los servicios y las infraestructuras públicas esenciales, y fomenta la iniciativa privada en todos los sectores económicos, removiendo los obstáculos que dificultan su implantación por razones geográficas o demográficas. Estimula, además, la generación de empleo en el marco de una economía territorialmente equilibrada y sostenible.

POLÍTICAS PÚBLICAS

La norma destaca la incidencia de la agricultura, la ganadería, las políticas forestales y de desarrollo rural en la fijación de la población al territorio. Apuesta por las inversiones que contribuyen a dotar de competitividad a las explotaciones agrarias y ganaderas, al tiempo que se incentiva la diversificación de la actividad económica de las zonas rurales, a través de las estrategias de desarrollo local participativo, y se fomenta la formación y la innovación en todos los sectores presentes en el mundo rural.

MUJERES Y JÓVENES

Las medidas apoyan especialmente la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria, así como el reconocimiento del papel de la mujer en el mundo rural. También aporta medidas encaminadas a lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y de apoyo a la identidad de género y a la diversidad afectivo sexual.

Con el objetivo de que los jóvenes puedan disponer de las mismas oportunidades en todo el territorio extremeño, establece condiciones para la mejora de la empleabilidad y al estímulo al empleo a través de un Plan de Empleo Joven, o de la implantación de programas de Erasmus Rural.

VIVIENDA Y SALDO MIGRATORIO

La ley define políticas que faciliten el acceso de la población a una vivienda digna, la rehabilitación de las que estén vacías, además de instrumentos financieros o ayudas para el acceso a colectivos vulnerables, mujeres y jóvenes.

A esto hay que sumar otras medidas que tratan de revertir el saldo migratorio, facilitando el retorno de los extremeños a la región, y de acogida a nuevos pobladores, concibiendo para ello la Estrategia de Retorno y Conexión con el Talento.

SERVICIOS PÚBLICOS

Por otra parte, pretende sentar las bases para una equiparación real y efectiva en el acceso universal y descentralizado a los servicios públicos, con independencia del lugar de residencia. Para ello se incide en la atención sanitaria integral y permanente, incluyendo la atención farmacéutica, en la implantación de la atención domiciliaria y en el envejecimiento saludable, a través de la economía de los cuidados. El Servicio Extremeño de Salud organizará la atención a la demanda urgente para que cualquier ciudadano pueda ser atendido en un plazo máximo de 30 minutos. Con carácter general, las administraciones públicas también programarán y coordinarán sus recursos de manera que el tiempo de acceso a los servicios básicos no excederá en 30 minutos.

Establece además la extensión de un modelo educativo que facilite las mismas oportunidades a todos los extremeños, mediante una apuesta por la escuela infantil de 0 a 3 años y por la escuela rural, que permanecerá abierta cuando haya, al menos, cinco alumnos o menos, si la proyección de la escolarización futura lo aconseja.

CONECTIVIDAD, MODERNIZACIÓN Y EMPLEO

La plena conectividad para toda la población extremeña se contempla en la ley como elemento básico para el desarrollo de cualquier actividad en el medio rural, extendiendo las redes de telecomunicaciones y reduciendo la brecha digital en todas sus vertientes.

La modernización de los servicios públicos, el fomento del empleo en ese sector y la seguridad ocupan otra batería de medidas a las que hay que sumar las de fomento del empleo, apoyo a la familia, los sectores culturales, turísticos y deportivos, y la promoción del deporte y el ocio responsable, puesto que estos sectores pueden contribuir a la necesaria diversificación del medio rural.

Además, contempla la promoción de proyectos industriales en las zonas rurales, compatibles con el medio ambiente, destinados al aprovechamiento de los recursos endógenos de la zona en la que se ubiquen.

SERVICIOS BANCARIOS

Entre las medidas relativas a la economía, se encuentran las actuaciones contra la exclusión financiera. La Junta valorará en los concursos públicos referidos a las operaciones financieras, la implantación territorial de las entidades en la región. En el marco de la legislación del Estado, las entidades financieras que operen en Extremadura deberán aportar soluciones a aquellas poblaciones que no tengan acceso a los servicios bancarios.

DIAGNÓSTICO DE ZONAS PROTEGIDAS

La Junta de Extremadura, en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, publicará un estudio sobre la realidad actual de protección de todas las figuras contempladas en la Red Natura 2000, que servirá de base para solicitar al Gobierno de España y a la Unión Europea las modificaciones oportunas que permitan corregir el mapa de zonas protegidas con respeto a los objetivos establecidos en la legislación vigente. El objetivo es hacer compatible la protección con el desarrollo de iniciativas urbanísticas y empresariales.

INCENTIVOS FISCALES

En primer lugar, los contribuyentes con residencia habitual en las localidades de menos de 3.000 habitantes tendrán una deducción en el IRPF del 15% de la cuota íntegra autonómica, siempre que la suma de la base imponible general y sus ahorros no superen los 28.000 euros en la tributación individual y los 45.000 en tributación conjunta.

Además, en esas localidades, se establece una deducción del 10% en la cuota autonómica del IRPF por la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas rurales.

FINANCIACIÓN

Como principio general, la Junta de Extremadura, en función de su marco competencial constitucional y estatutario, financiará aquellas actuaciones que le correspondan, fomentará la colaboración financiera con las administraciones públicas de Extremadura y la obtención de aportaciones procedentes de la Unión Europea y del Estado que permitan la ejecución de todas las medidas contempladas en la ley.

En lo referente al sistema de financiación autonómica, y en el marco de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, se contempla la reclamación al Estado de un incremento sustancial del Fondo de Compensación Interterritorial, así como de asignaciones complementarias para hacer frente a las circunstancias socioeconómicas de Extremadura.