Campamento Dignidad: “Tenemos derecho a que la delegada del Gobierno nos reciba”

Desde Campamento Dignidad han informado que en fechas recientes han solicitado una entrevista con el director provincial de la Seguridad Social, con el director de la oficina local de Mérida, y con la delegada del Gobierno Yolanda García Seco.

Las asociaciones Campamento Dignidad y Mérida Solidaria “tenemos todo el derecho del mundo a que se nos reciba, tanto a una asociación como a la otra, pues trabajamos y realizamos una importante distribución de alimentos a familias con problemas de pobreza y en muchos casos, próximas a la exclusión social”.

A su vez se consideran con el derecho de organizar, movilizar y representar a este importante colectivo de miles de personas que están sufriendo las consecuencias del retraso del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Además de las entrevistas con los representantes de la Seguridad Social en la provincia de Badajoz y Mérida, también la han solicitado a la delegada del Gobierno como máxima representante de las diferentes instituciones gubernamentales en Extremadura.

Con estas peticiones de diálogos quieren realizar una serie de contactos que iniciarán en fechas próximas con la Dirección General de la Consejería que gestiona todo lo relacionado con las ayudas sociales, mediante entrevista telemática.

La pandemia del COVID-19 está imponiendo toda una serie de limitaciones a los encuentros físicos y hace que las reuniones con algunas instituciones sean de manera telemática, términos en los que podrían darse las reuniones citadas con anterioridad.

Posteriormente, quieren continuar los encuentros con diferentes entidades institucionales, políticas y sociales de la Comunidad con el objetivo de conocer y reflexionar sobre los datos que reflejan el estado de la situación económica-social de muchas familias extremeñas, “así como ofrecer posibles soluciones a la situación actual y a la que viene, que no es poco”.

“Nuestra idea es la de aportar soluciones a los problemas más frecuentes que azotan a los grupos sociales más desfavorecidos, desde las solicitudes del ingreso mínimo vital, los problemas de la vivienda, los desahucios, cortes de suministros básicos, hasta el enorme desempleo”.

IMV

En el caso concreto del Ingreso Mínimo Vital, desde Mérida Solidaria y Campamento Dignidad llevan denunciando la gestión y tramitación “lenta e irresponsable” de lo que la iniciativa gubernamental proyectaba como la medida estrella del gobierno y que está quedando en una “verdadera chapuza”.

Manifiestan que “como todo el mundo sabe, hay múltiples problemas que están revelando la inoperancia del Ingreso Mínimo Vital. En algunos casos son trámites burocráticos los que retrasan e impiden una resolución efectiva de las solicitudes, en otros, es la aplicación de la normativa la que conduce a que se aprueben cantidades irrisorias o se rechacen solicitudes de personas con verdadera necesidad”.

Este estado de cosas está originando una terrible frustración en los grupos sociales más frágiles y precarizados que son quienes han recurrido a esta medida gubernamental. La situación de atasco administrativo debe haber llegado a tal punto que no es de extrañar que en estos días desde el Ministerio de la Seguridad Social comiencen a sentir la necesidad de realizar ciertas modificaciones en el reglamento del IMV que eliminen burocracia y aceleren las resoluciones positivas.

“Entendemos que es una obligación, sin traumas ni contratiempos, de que quienes están al frente de las instituciones públicas y representan a una administración democrática, abierta y receptiva, escuchen a grupos de ciudadanos y ciudadanas que tienen problemas de relevancia considerable que les impiden un mínimo bienestar”, concluyen.