CCOO denuncia la precariedad laboral de la prisión de Cáceres

El 25% de los puestos de trabajo de la prisión de Cáceres están vacantes, lo que la convierte en la tercera prisión española con mayor déficit estructural de personal. Además desde hace casi un mes la prisión de Cáceres se ha quedado sin médico, dejando sin atención sanitaria a los 450 internos que residen en ella, aseguran desde Comisiones Obreras.

El Ministerio del Interior reconoce que tiene cerca de 80 puestos de trabajo presupuestados sin cubrir en la prisión de Cáceres, lo que equivale a que uno de cada cuatro puestos de trabajo está vacante. A esta situación se le suma el grave problema del envejecimiento de la plantilla. La edad media del personal penitenciario está en los 55 años y próximamente 50 efectivos más podrán jubilarse, “lo que sin duda llevará al colapso del servicio público penitenciario en Cáceres”, advierten.

Instituciones Penitenciarias “que hace gala de promover el régimen de cumplimiento semiabierto y los terceros grados”, tiene sin cubrir la mayoría de los puestos de Encargado/a y los de genérico de vigilancia en el centro de inserción social (CIS). En el área de vigilancia solo hay dos funcionarios con la plaza en propiedad, uno como encargado de departamento y otro como genérico. Los siete funcionarios restantes que cubren el servicio 24 horas, todos los días del año, están en comisión de servicios.

SIN MÉDICO

Desde hace casi un mes la prisión no tiene ningún médico en la plantilla, lo que ha obligado al centro a contratar temporalmente un facultativo 4 horas al día para atender las urgencias que se den coincidiendo con su horario de trabajo. Para atender el resto de las urgencias y las consultas programadas se tramitan las salidas al hospital ocupando el servicio de ambulancia y con custodia policial, lo que implica un mayor coste público que tener médicos en las prisiones.

Que una prisión no tenga médicos de atención primaria supone que los programas sanitarios se abandonen, que no se puede pasar consulta médica programada, que no se haga un seguimiento adecuado a los internos con patologías crónicas, así como a los que tienen que ir a consulta con los especialistas del hospital.

Pero también tiene consecuencias para el personal de enfermería y auxiliares que trabajan en el centro penitenciario, que tienen que asumir funciones para las que no encuentran legalmente habilitados, y una sobrecarga de trabajo que pone en riesgo su salud. Finalmente, acaba repercutiendo en el personal de vigilancia que tendrá que solventar los conflictos con la población reclusa que se queja por la falta de asistencia sanitaria.

La falta de médicos en las prisiones es crónica. Se convocan todos los años ofertas de empleo público de 40 plazas y prácticamente su totalidad quedan desiertas, principalmente por el agravio retributivo que existe respecto al personal médico del sistema nacional de salud, pero también por el resto de condiciones laborales muy precarias.

La solución pasa por cumplir la ley que ordena integrar la Sanidad Penitenciaria en los servicios sanitarios de las comunidades autónomas, consideran desde el sindicato.

CONSECUENCIAS

La consecuencia más grave del desmantelamiento de la sanidad penitenciaria es el incremento de las patologías mentales en prisión, de suicidios y la ausencia de políticas públicas de salud mental, donde en torno al 30% de la población reclusa tiene algún tipo de patología mental y no dispone de ningún recurso psiquiátrico para recibir la asistencia que precisan. Además la mayoría de las agresiones que sufre el personal penitenciario están relacionadas con la falta de diagnóstico y tratamiento especializado de las patologías mentales.

CCOO al igual que los Jueces de Vigilancia Penitenciara exigen la urgente creación de unidades psiquiátrica en prisiones. “Desde CCOO defendemos la necesidad de que al menos en Extremadura se cree una unidad de psiquiatría para evitar el desarraigo social, dotada con los medios necesarios y personal especializado”.

Rechaza, igualmente, la política contraria a los criterios científicos del tratamiento de la enfermedad mental que promueve el Ministerio, con la creación de un macro psiquiátrico en Valencia gastando 150 millones en empeorar la salud mental de la población reclusa, y que dejará sin recursos de salud mental y sin unidad psiquiátrica a la población reclusa de Cáceres y Badajoz. “Un macro psiquiátrico que desarraigará de sus familias y de los recursos comunitarios a los internos e internas enfermas de la comunidad extremeña”.

Desde el sindicato manifiestan que el gasto del macro psiquiátrico debe destinarse a transferir la Sanidad Penitenciaria a las comunidades autónomas, que es más económico, 131.339.227,17 euros y que solucionaría la mayoría de los problemas, garantizando que el derecho a la salud de la población reclusa se preste en igualdad de condiciones que la del resto de la población, y equiparando las condiciones labores del personal sanitario de prisiones.

Por último, CCOO denuncia la marginación del centro penitenciario de Cáceres ya que teniendo las mismas cargas de trabajo y riesgos laborales que el resto de centros tipo, su personal cobra hasta 700 euros mensuales menos dentro del mismo Ministerio del Interior.