CC.OO. no descarta acciones contra la Junta por la situación de los empleados públicos

El Área Pública de CCOO de Extremadura considera un tremendo error que la Junta de Extremadura no contrate en 2020 personal laboral temporal, ni nombre funcionarios interinos. Esta medida, acordada por el Consejo de Gobierno del pasado miércoles, "repercutirá negativamente en la salud de trabajadores y trabajadoras".

Estas directrices que serán de aplicación también a sus organismos autónomos, entidades públicas y cualesquiera otras entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración o de cualquiera de sus organismos públicos, confronta directamente con la prestación de un servicio público de calidad, según consideran desde el sindicato.

“No dotar del personal necesario unos servicios, que ya se encuentran de manera ordinaria con la plantilla escasa es perjudicial para todas las partes”, y por eso desde CCOO entienden que no se puede mantener un servicio público en el que los propios trabajadores y trabajadoras sean los responsables de cubrir las carencias de personal provocadas por una mala gestión de las personas responsables de la Administración.

CCOO se opone frontalmente a esta esta medida que “pone en riesgo la prestación del Servicio Público, su calidad, e implica un retroceso en los derechos de las plantillas de las entidades afectadas”.

“Hay que reseñar que hay algunos casos a los hay que sumar la incompetencia de determinados gestores, que han conseguido que en ciertos centros del SEPAD se adeuden al personal cerca de 300 días por compensaciones o que el servicio de admisión del Centro Socio Sanitario de Mérida lleve más de un mes sin efectivos”.

Par el sindicato, determinadas decisiones deberían tomarse después de comprobar las condiciones en que los profesionales de la Administración desarrollan su trabajo y no desde un despacho delante de un dossier económico.

CCOO no descarta ninguna acción contra estas medidas y espera, en todo caso, que, de forma inmediata, la Administración convoque Mesa General de Negociación y dé las explicaciones oportunas y detalladas acerca de esta decisión y de las condiciones que quiere imponer a empleadas y empleados públicos, aprobadas ya por el Consejo de Gobierno.