CCOO rechaza las agresiones a docentes y exige medidas

Comisiones Obreras de Extremadura ha querido mostrar su "total repulsa" por los acontecimientos de las últimas semanas referentes a agresiones sufridas por profesores en centros de enseñanza de Badajoz, Zalamea de la Serena y Miajadas.

CCOO reprueba "una vez más" cualquier acto de violencia que pueda menoscabar la dignidad personal o la integridad física de cualquier miembro de la comunidad educativa en el ejercicio de sus funciones en los centros educativos de la región.

De igual forma ofrecen apoyo a todos los profesores agredidos, así como a los integrantes de sus centros y señalan que cualquier acto de violencia sufrido en el trabajo "tiene que ser considerado como un riesgo grave que  puede influir de manera muy negativa en quien lo ha sufrido, afectando tanto a su integridad personal como profesional".

Animan al profesorado que sufra cualquier incidencia de este tipo que comunique de manera "inmediata" a la dirección de su centro lo sucedido, activando el protocolo de actuación para casos de violencia en los centros educativos, aprobado en el Comité de Seguridad y Salud de la Consejería de Educación.

Invitan que además activen los procedimientos establecidos en los Reglamentos de Funcionamiento interno de cada centro, aprobados por sus Consejos Escolares respectivos, así como en los planes de convivencia que tengan implementados.

"LA CONSEJERÍA DEBE TOMAR MEDIDAS"

Exigen a la Administración educativa que, toda vez sea conocedora de cualquier comunicación recibida en este sentido, active las medidas necesarias para proteger al profesional afectado. Prestando las asistencias necesarias tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico.

También consideran necesario desde CCOO que la administración educativa "redoble esfuerzos" en el Plan Regional para la Convivencia, diseñando programas de formación -tanto para el profesorado como para el alumnado- que promuevan estrategias para reforzar la convivencia en nuestros centros educativos e integrando también a las familias.

Para hacer frente a este reto "hay que incrementar los recursos profesionales y humanos implicados en la solución a este grave problema" y plantean la necesidad de una colaboración directa y fluida entre los equipos de orientación de los centros educativos y los equipos de infancia y familia, para establecer medidas alternativas y de resocialización de menores, sin que sea necesaria la denuncia expresa penal del agredido o del equipo directivo, para que las respuestas sean mucho más ágiles.