Piden al PP que impida la construcción del gran centro budista de Cáceres

Óscar Pérez, coordinador de Una Extremadura Digna, considera que las instituciones políticas deben estar al margen de las cuestiones religiosas, por lo que la construcción del centro budista proyectado en el término municipal de Cáceres “no es más un proyecto que obedece a intereses especulativos, con un riesgo alto de convertirse en un fiasco que tendremos que pagar los cacereños con dinero público que podría ir a otros menesteres con un carácter de urgencia como puede ser a personas con pocos recursos".

Las previsiones que se conocen es que a primeros de año se comenzarían las obras de construcción del gran complejo dedicado a Buda en el monte Arrope de Cáceres. Eso sí, algunos piensan que las cosas no están nada claras, o al menos no se da a conocer claramente el estado de la situación en la que se encuentra el proyecto.

El interés de la fundación LAMBINI de construir un edificio a Buda en la ciudad de Cáceres ha contado con el beneplácito del Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura. Para UED, el nuevo alcalde del Partido Popular, Rafael Mateos, debería cerrar e impedir la construcción del centro budista aprobado por el ex-alcalde Luis Salaya. El socialista siempre dijo que podría ser importante desde un punto de vista turístico.

“En este orden de cosas, han impulsado los viajes y están prometiendo apoyo financiero; por ahora, lo que informan los medios de comunicación es que la Junta de Extremadura concedió 281.000 euros para la financiación del proyecto, y los 50.000 euros que se incluyen para la Fundición LAMBINI (BUDA) en el proyecto de presupuestos regionales para Extremadura en el año 2023. Estas cantidades junto con los gastos de los viajes hubieran sido muy necesarias para atender necesidades de amplios sectores de cacereños que lo están pasando mal”, expresan.

UED considera que se debe explicar y aclarar el destino exacto de ese dinero, dado que se oponen “a destinar fondos públicos al apoyo de este complejo religioso”. Piensan que la implicación financiera de las administraciones públicas, tanto municipales como regionales, en actividades de carácter religioso “no están dentro del ámbito constitucional por mucho que se quieran justificar estas actuaciones por interés comercial y turístico al que siempre se recurre”. 

Están totalmente en contra por tanto de ceder más de 100 hectáreas para su edificación y de la “predisposición de los políticos a favorecer materialmente las prácticas religiosas de un signo u otro”.

Exigen que con esos fondos se pongan en marcha políticas de dotación de viviendas y ayudas sociales “más acordes con las normativas constitucionales y las necesidades de la población”.