Aprobado el incremento de la jubilación hasta los 72 años: "Es legal, pero no voluntaria"

El Real Decreto Ley 11/2.024, de 22 de enero, que recoge distintos tipos de jubilación voluntaria hasta los 72 años, ha sido aprobada por la mayoría del Parlamento. Este contempla tres tipos de esta llamada jubilación voluntaria. 

En primer lugar, encontramos la ‘jubilación parcial’, en la que se aplica al trabajador una reducción de jornada, cobrando la parte correspondiente del sueldo y parte de la pensión. 

Otra modalidad es la ‘jubilación demorada’, que se basa en continuar trabajando después de la edad legal de jubilación, hasta los 72 años. Por último, presenta la opción de combinar la pensión con un trabajo a tiempo parcial. 

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) han reaccionado mostrando su disconformidad ante esta nueva medida. Así, han expresado que “para amplios sectores de la clase trabajadora, fundamentalmente para las mujeres, esta ‘voluntariedad’, en las actuales condiciones, no es real, aunque sea legal".  

“¿Como puede haber voluntariedad, cuando el 48 % de las pensiones no llegan actualmente al Salario Mínimo Interprofesional y cuando hay 2.800.000 personas, de las que 2 millones son mujeres, que trabajan a tiempo parcial?”, plantean desde la organización.  

En esta línea, han reprochado al Gobierno que “optan por aumentar la edad de jubilación en vez de corregir las desigualdades. Con esta política se vuelve a dar otra vuelta de tuerca a nuestros derechos, se avanza en las políticas neoliberales, se vuelve a adelgazar el Estado de Bienestar y se retrasa el poder disfrutar de un merecido descanso después de una larga vida laboral”. 

Además, han apuntado que "el aumento en la edad de jubilación acorta la esperanza de vida, tal y como reflejan numerosos estudios”.  

En la votación, el Parlamento acordó convertir este RDL en Proyecto de Ley, por lo que, desde COESPE han asegurado que van a aprovechar esta posibilidad “para hacer que nuestras propuestas y alternativas lleguen a los Partidos Políticos”.  

Estas propuestas, que llevan defendiendo desde hace años, comprenden que la Pensión Mínima sea igual al Salario Mínimo Interprofesional, así como que la jubilación ordinaria a los 65 años.

Por último, instan al Gobierno a que “cumpla con la Ley y realice ya la auditoría, en cumplimiento de la Ley 21/2021 del 28 de diciembre, que le obliga a realizarla para valorar los gastos impropios que debieron ser financiados por el Estado y que, por el contrario, lo fueron con las cotizaciones de quienes trabajan".