Demandan por 18 M€ a distintas industrias tomateras extremeñas por incumplir el precio mínimo

Los productores de tomate transformado de Extremadura van a sembrar en la presente campaña alrededor de unas 23.500 hectáreas de cultivo, con una producción aproximada de 2.115.000 toneladas de tomates frescos para industria. 

“De esta producción alrededor de 1.200.000 toneladas han sido contratadas en la actual campaña por las industrias Conesa, Transa y Alsat, a un precio de 130 € la tonelada de tomate”, indican desde la organización.  

“Según expresan desde La Unión, por los estudios realizados y remitidos a estas industrias, “el coste de producción de una hectárea de tomate oscila alrededor de los 12.540 €/ha, que divididos por una producción media recogida en la campaña pasada de 86,57 tm/ha, supone un coste de producción de 144,85 € por tonelada de tomate”. 

El artículo 9.c) de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, establece que “el precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción, que incluirá todos los costes asumidos para desarrollar su actividad.” 

Además, añaden que “si producir una tonelada de tomate cuesta 144,85 € y estas tres industrias han contratado a 130 €/tm, está claro que han incumplido el artículo 9 de la Ley, por lo que la Unión Extremadura va a presentar en primer lugar una denuncia ante el AICA por incumplimiento de la Ley y vamos a solicitar a esta Agencia dependiente del Ministerio de Agricultura la revisión de oficio de los contratos de compraventa que estén por debajo de los 145 €/tm”.

Por ello, La Unión Extremadura reclama a estas tres industrias la cantidad de 18 millones de euros para compensar los precios en los contratos registrados a un importe muy inferior al establecido por Ley. Al mismo tiempo, la organización agraria está estudiando la interposición de una demanda colectiva en los Tribunales de Justicia para reclamar las cantidades no pagadas por estas industrias a los productores.