Denuncian la pérdida de la Declaración de Impacto Ambiental de la mina de Aguablanca

Ecologistas en acción ha registrado un escrito en el que se denuncia la pérdida de vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental para la explotación subterránea de la mina de Aguablanca en Monesterio (Badajoz).  

Según indica la asociación ecologista, “en base al artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, que señala que la DIA del proyecto perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el "Boletín Oficial del Estado" o diario oficial correspondiente, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. En tales casos el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia”. 

El mismo artículo señala que: "En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proceso o actividad y así conste a la Administración". 

Desde Ecologistas en Acción denuncian que en 2013 “la empresa inició ilegalmente la explotación subterránea del yacimiento, algo que no estaba contemplado en el proyecto de explotación aprobado ni en los permisos ambientales. Este cambio en el método de explotación sólo se mencionó en el plan anual de labores de diciembre 2014, meses antes del cierre. La explotación se paralizó en julio de 2015 como consecuencia de la contaminación asociada a las aguas subterráneas y el colapso de la mina. Aguablanca ya había generado un enorme depósito de residuos y seguía contaminando el Dominio Público Hidráulico”.  

“Aunque desde 2015 hasta hoy, en Aguablanca no ha habido actividad extractiva, no ha dejado de haber actividad financiera y de imagen: creación de empresas pantalla, solicitud de subvenciones para la minería, que se han obtenido, con frecuencia, aportando datos y declaraciones falsas en las solicitudes, sea en convocatorias nacionales o de fondos europeos. Las apariciones de estas empresas en los medios tienden a ofrecer una imagen sobrevalorada de sus proyectos, restando valor a las afecciones que pueden producir”, expresan los ecologistas. 

El 31 enero de 2023, se publica en BOE, anuncio de información pública del "Plan de Restauración de la actualización del proyecto de explotación subterránea de Aguablanca. Ecologistas en Acción de Extremadura presentó alegaciones para que no se autorizase el proyecto de explotación subterránea, considerando los riesgos de afecciones al Dominio Público Hidráulico, con daños a los embalses de abastecimiento aguas abajo y pérdida de biodiversidad en la fauna fluvial. Además de las producidas en la localidad de El Real de la Jara: contaminación por polvo en suspensión, ruido, grietas en las viviendas, daños viarios por tráfico pesado, etc”, expresan los ecologistas. 
 

Además, denuncia que “atendiendo a que Sacyr y Valoriza, empresas veteranas en el sector y receptoras de subvenciones por minería responsable, cejaron en su intento de retomar la explotación subterránea de Aguablanca debido a los riesgos que comportaba y que, de hecho, habían presentado un Plan de Restauración y Cierre de la explotación, aprobado en septiembre de 2022”.  

Consideran a su vez que “los antecedentes de los nuevos propietarios no reflejan valores de minería responsable como para cumplir los condicionantes y prescripciones ambientales y sociales que necesitaría la nueva puesta en marcha de Aguablanca, Ecologistas en Acción ha solicitado que se impida cualquier actuación basada en esa Declaración de Impacto Ambiental sin vigencia, y por ende, que se impida cualquier actuación de explotación en la Mina de Aguablanca, ya que en cumplimiento del referido artículo 43 de la Ley 21/2013, para ello deben iniciar nuevamente el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, informando igualmente de ello a todas las partes interesadas, con el legalmente establecido nuevo proceso de información y participación pública, en el que podamos participar con más conocimiento del proyecto minero de estas empresas y de las potenciales afecciones al medio ambiente y a la salud”.