Denuncian los criterios "subjetivos" para acceder al Plan de Empleo Social de Mérida

El portavoz del Grupo Municipal Popular en materia de empleo, Juan Carlos Perdigón, se ha hecho eco de los nuevos conflictos que se están generando en el nuevo Plan de Empleo Social y los ha querido hacer públicos.

De este modo indica que son consecuencia del “retraso intencionado en el inicio de su proceso de selección para hacerlo coincidir con las fechas más señaladas del año”.

“Nuestro grupo ha recibido las quejas de multitud de ciudadanos que ven como, nuevamente, existen errores en las bases del Plan en las que aparecen limitaciones que pueden ser inconstitucionales, limitaciones que dejan fuera a ciudadanos en riesgo de exclusión social tan sólo porque no se pueden presentar instancias para varios puestos, mientras son contratados vecinos que no cumplen la totalidad de los requisitos como el de no ser parado de larga duración”.

También indica que provoca errores y confusiones la solicitud de ciertas titulaciones, candidatos admitidos y “sin ningún tipo de requerimiento documental que son posteriormente excluidos, incluso solicitudes de vecinos que no aparecen en los listados”.

“La deegada de Recursos Humanos, Mercedes Carmona, no puede culpar nuevamente a los funcionarios de esta administración, pues los plazos para iniciar la convocatoria se imponen desde el ámbito político, las bases son redactadas y firmadas por la propia edil, por tanto, es deshonesto que Carmona quiera culpabilizar a los técnicos del Ayuntamiento, tal y como viene haciéndolo desde el inicio de una legislatura donde no ha existido un solo procedimiento carente de polémica, y en los ella culpa de manera intencionada a los funcionarios de su departamento”.

Además, otra de las críticas viene provocada por incluir en las bases un sistema de baremos donde se asignan 10 puntos por lo que denominan “situaciones excepcionales apreciadas objetivamente”, donde no se indican que criterios objetivos se aplican para conceder esa puntuación. Desde el PP entienden que pueden ser criterios completamente subjetivos ligados exclusivamente a una valoración poco o nada imparcial que no puede ser cuantificable.

Por ello, desde el PP emeritense han registrado una solicitud para que el equipo de Gobierno de Osuna indique los criterios objetivos en los que se basa la aplicación de esos 10 puntos, que son determinantes para que un candidato entre o se quede fuera de un puesto de trabajo.

Además, se han solicitado también los expedientes de los candidatos que superan los 45 puntos, y así poder contrastar que los baremos se aplican de forma objetiva, a lo que hay que añadir que se está a la espera de la resolución del Recurso presentado por Izquierda Unida contra estas bases.

El PP de Mérida vuelve a reiterar que el equipo de Gobierno, y concretamente en este caso la delegada de Recursos Humanos, Mercedes Carmona, “no puede jugar con los anhelos de los vecinos de Mérida, que participan en un proceso de contratación público con la esperanza de optar, por un tiempo limitado, a un puesto de trabajo que palie las carencias económicas de sus familias”.

“Los ciudadanos están reclamando transparencia en estos procesos y se tiene conocimiento de las situaciones de desesperación e indignación que se han vivido en la Delegación de Recursos Humanos estas últimas semanas, donde han tenido que intervenir en varias ocasiones la propia Policía Municipal”, señalan desde el grupo municipal popular.