Destacan la nueva ley que obliga adaptar los cajeros automáticos para personas vulnerables

La normativa parte de la premisa de que fomentar la inclusividad requiere garantizar que los productos y servicios regulados sean accesibles para todas las personas, permitiéndoles utilizarlos de manera autónoma.

En este sentido, se dirige a personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales o relacionadas con la edad, así como aquellas limitaciones vinculadas al funcionamiento del cuerpo humano que, al encontrarse con diversas barreras, ven restringido su acceso a productos y servicios, demandando una adaptación a sus necesidades particulares.

Dentro del sector financiero, esta ley afectará a las empresas proveedoras de terminales de pago, cajeros automáticos, máquinas expendedoras de billetes y lectores electrónicos, así como a las entidades que ofrecen servicios de crédito al consumo, hipotecas y servicios de inversión. Además, también se aplicará a las entidades que prestan servicios de comercio electrónico.

El objetivo principal es garantizar que los dispositivos y aplicaciones puedan ser utilizados por todas las personas, y que la información proporcionada por las entidades sea comprensible para todos los colectivos, sin importar sus circunstancias particulares.

Para lograrlo, la normativa establece una serie de requisitos que las entidades deben cumplir para que los productos que ofrecen sean considerados aptos para personas con algún tipo de limitación funcional. Entre ellos se incluye la presentación de información sobre los productos a través de diferentes canales sensoriales (escrito, voz o táctil), de manera clara y fácil de entender. Además, se debe utilizar un tamaño y tipo de letra adecuado, lo suficientemente grande para ser legible por los grupos de mayor edad.

Por otro lado, los servicios bancarios deberán ofrecer métodos de identificación, firmas electrónicas, seguridad y servicios de pago que sean perceptibles, funcionales, comprensibles y resistentes. La información proporcionada no debe superar el nivel de complejidad equivalente a un nivel B2 (intermedio alto) del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

La ley también establece las obligaciones de los proveedores de productos financieros, incluyendo fabricantes, importadores, distribuidores y prestadores de servicios. Además de diseñar y ofrecer servicios de acuerdo con los requisitos de accesibilidad, también deben incluir una explicación en sus condiciones generales sobre cómo cumplen con dichos requisitos.

La ley entrará en vigor el 28 de junio de 2025 para los nuevos productos y servicios. Para los productos existentes y los servicios cuyos contratos estén vigentes antes de esa fecha, la norma se aplicará a partir del 29 de junio de 2030.

ECOS, europea de consumo sostenible, celebra la implementación de esta ley de accesibilidad, que promoverá la inclusión financiera y garantizará que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder y utilizar los servicios bancarios de manera autónoma.