Ecologistas: “La Junta de Extremadura no cumple su propia legislación”

Ecologistas en Acción Extremadura denuncia el incumplimiento por parte de la Junta de Extremadura de su propio decreto de vías pecuarias aprobado el pasado 8 de junio de 2022, el Decreto 65/2022, en el que se agrupan el cúmulo de normativas dispersas de los últimos veinte años sobre autorización de ocupaciones temporales, acondicionamiento, mantenimiento y mejora en las vías pecuarias.

La Red General de Vías Pecuarias, es el soporte físico para la realización de la Trashumancia (declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial por la Junta de Extremadura), y por tanto no se puede entender una sin las otras. Pero, además, son parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, debido a su relevante papel en la conservación de especies y sus respectivas conexiones entre zonas naturales. Además, han sido incluidas dentro de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas de España. Es decir, se entienden como corredores ecológicos, a la vez que su uso es destacado por prácticas socioculturales tradicionales, como la trashumancia.

En el caso concreto de Extremadura, “la Junta aprobó el pasado 8 de junio de 2022, el Decreto 65/2022, en el que pretende agrupar el cúmulo de normativas dispersas de los últimos veinte años, a la vez que se comprometía a ciertos asuntos todavía en el tintero”. Para ser más específicos, Ecologistas en Acción Extremadura ha solicitado información sobre el estado ejecutivo de este Decreto, ya que, pasados seis meses desde su aprobación, se han producido varios incumplimientos:

Así el Artículo 12 de dicho decreto dice: Tramitación de las autorizaciones.

1. En la fase de instrucción del procedimiento, el expediente de ocupación temporal se someterá a trámite de información pública por espacio de un mes. Asimismo, será preceptivo el informe del Ayuntamiento en cuyo término radique la vía pecuaria afectada.

Dichas solicitudes “serán expuestas a información pública en los portales electrónicos institucionales de la región” que se habiliten a este efecto y, además, en los tablones municipales.

2 “[...]La resolución de aprobación se publicará en el portal electrónico institucional habilitado al efecto…”

Sin que hasta el momento esta asociación haya tenido conocimiento de la habilitación de ningún portal institucional donde se pueda acceder a esta información pública. Teniendo en cuenta que posiblemente todas las resoluciones de autorizaciones emitidas desde esa fecha podrían ser nulas de pleno derecho al no haberse expuesto a información pública en los portales electrónicos de la Junta de Extremadura de acuerdo al decreto que regula las autorizaciones.

A esto hay que sumar la poca transparencia en el número de expedientes de autorizaciones en vías pecuarias que anualmente tramita la Junta de Extremadura y el montante total económico que se recauda en este concepto, ni su destino puesto que de acuerdo al artículo 15.3. de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias el importe del precio público que se perciba, en su caso, por los frutos y aprovechamientos de las vías pecuarias se destinará a la conservación, vigilancia y la mejora de las mismas.

Es decir, “que no solamente se incumple el decreto, sino que se está incumpliendo la Ley estatal de vías pecuarias, así como los preceptos de transparencia, información pública y buen gobierno a la que todas las administraciones están obligadas”.

Por otro lado, Ecologistas en Acción Extremadura advierte que las autorizaciones emitidas desde el día 15 de junio de 2022 podrían encontrarse en fraude de ley, debido a lo expuesto anteriormente. Ya que la propia administración está incumpliendo su propio compromiso de informar, exponer al trámite de información pública de forma adecuada y hacer pública la información referente al uso temporal de las vías pecuarias en sus portales electrónicos, habilitados para este efecto, y todavía inexistentes.

Por eso desde Ecologistas en Acción Extremadura han solicitado a la Junta de Extremadura que cumpla con su propia legislación para conseguir que la gestión de las vías pecuarias sea transparente, participativa y eficaz con los objetivos que establece la normativa básica estatal y regional.