Inhabilitan a una funcionaria por blanqueo de capitales

La Junta de Gobierno Local de Mérida ha formalizado el acuerdo de la ejecución de una sentencia dictada por la sección Tercera de la Audiencia Provincial contra una funcionaria del consistorio, donde se aprueba la inhabilitación especial para el empleo o cargo público con fecha de inicio 24 de mayo de 2017 y fecha de fin 18 de noviembre de 2020.

Esta ejecución de sentencia lleva aparejada además la pérdida de condición de funcionaria, como así lo indican los informes pertinentes, en aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público.

A la empleada pública le ha sido impuesta dicha condena como autora de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y como autora de un delito de blanqueo de capitales.

El equipo de Gobierno de Osuna asegura que “desde que tuvo conocimiento que esta funcionaria estaba siendo investigada por los delitos referidos, y con el fin de no hacer dejación de las funciones que le corresponden como tal, se personó contra ella y, además, según establece la Ley, le abrió expediente disciplinario”.

“Todo ello al objeto de velar por los intereses del Ayuntamiento de Mérida y, por consiguiente, de toda la ciudadanía emeritense”, defienden desde la casa consistorial.