El Ayuntamiento se sumerge en un nuevo proceso judicial contra el PP

El Ayuntamiento de Mérida se sumerge de nuevo en un proceso judicial. Se trata de “recuperar el importe del beneficio industrial obtenido por la empresa Iniciativas Vesmasa S.L”, dicen desde el consistorio.

Anuncian que la Junta de Gobierno ha dado acuerdo en relación a dos acciones de repetición para resarcir el daño patrimonial causado al Ayuntamiento por dos concejales del PP, Juan Carlos Perdigón y Daniel Serrano. “Reiteramos así el compromiso del actual gobierno a la hora de defender el patrimonio municipal y los intereses de los ciudadanos y ciudadanas emeritenses”, dice la delegada del Gabinete Jurídico, Laura Serrano.

“Cada vez que entendamos que un responsable político ha causado un perjuicio al patrimonio de la ciudad, sabiendo que lo estaba causando, vamos a llevar a cabo cuantas acciones legales y administrativas sean oportunas para restituir el valor económico del daño causado”, señala.

En este sentido inician la acción de repetición contra estos dos concejales por el “permiso y consentimiento que dieron a la citada empresa para la realización de unos trabajos de mantenimiento de unos campos de fútbol de titularidad municipal, una vez terminado el contrato sin posibilidad de prórroga, como ha quedado acreditado en los hechos probados que recoge la sentencia”, apunta Laura Serrano.

La misma Junta de Gobierno acordó iniciar otra acción de repetición contra el concejal del partido Popular Daniel Serrano, por el caso Citroën. Según la delegada, en el primer caso se dará trámite de audiencia a ambos concejales, “para que expliquen por qué permitieron y pidieron que se realizaran esos servicios sin tener contrato en vigor; por qué eligieron a ese empresario y no a otro, porqué lo eligieron a dedo”.

La citada empresa fue contratista del Ayuntamiento hasta el 31 de diciembre de 2014, sin que dicho contrato pudiera ser prorrogado; sin embargo, a instancias del entonces delegado de Deportes  Juan Carlos Perdigón y del de Patrimonio y Contrataciones Daniel Serrano, la empresa continuó prestando sus servicios en las mismas condiciones, sin contrato en vigor y sin posibilidad de prórroga del contrato anterior, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 22 de mayo de ese mismo año, justo antes de las elecciones.

Por esos trabajos realizados presentaron al cobro una factura que un juzgado obliga a pagar al ayuntamiento que, no estando de acuerdo con la sentencia en primera instancia, recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que, a su vez, sin entrar en el fondo del asunto, confirma la sentencia de primera instancia y obliga al pago a este Ayuntamiento de 92.000 euros, por entender que los trabajos se han realizado pese a no existir contrato.

No se pagó esa factura porque no había contrato en el ayuntamiento, y no se podía pagar porque no había base para ello, ni la Intervención ni la Tesorería municipal lo permitía.

Por lo tanto, el ayuntamiento sí tiene que abonar el pago de los servicios realizados, porque efectivamente se hicieron.

En cuanto al caso Citroën, el ayuntamiento iniciará un expediente de responsabilidad patrimonial contra el Concejal del partido Popular Daniel Serrano porque, “como ya hemos explicado en reiteradas ocasiones el concejal Serrano autorizó la entrega a un empresario privado de un coche, que era utilizado por el anterior alcalde de Mérida, hasta dos días antes de ser enajenado con el consiguiente lucro para ese empresario”, señaló Guerrero.

El equipo de gobierno actual denunció al concejal responsable del patrimonio municipal por vía penal, quedando este absuelto de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por una sentencia de 28 de junio de 2018, “que considera como hechos probados que, efectivamente se entregó el coche sin ningún tipo de expediente administrativo previo, un expediente de desafectación del vehículo que era necesario y preceptivo antes de ordenar su destrucción, pero eso según recoge la sentencia, no es constitutivo de los delitos señalados con anterioridad aunque sí puede serlo de una infracción administrativa por causar una merma en el patrimonio municipal.

Laura Guerrero aclaró que esta denuncia no le ha costado un euro a las arcas municipales: “Las sentencias no nos condenan en costas, porque entienden que hemos hecho bien defendiendo el patrimonio municipal, lo que se desprende de esa sentencia es que en lugar de haberlo reclamado por vía penal deberíamos haberlo hecho por vía civil o administrativa”.

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha acordado iniciar una acción de repetición contra Daniel Serrano, para reclamarle los 2.000 euros en los que ha sido tasado pericialmente el vehículo”.

La delegada del Gabinete Jurídico dice al señor Serrano que “la decencia se demuestra con actos y no con sentencias judiciales”, y añadió que esto debe ser un aviso “y que quede claro que este gobierno municipal va a llevar a cabo, está llevando a cabo, cuantas acciones legales y administrativas sean necesarias para proteger el patrimonio municipal y los intereses de la ciudadanía de Mérida, en estos asuntos y en cualesquiera otros que pudieran estarse dando que causen perjuicios a los ciudadanos y ciudadanas y merma en el patrimonio y en las arcas municipales.

Guerrero pone como ejemplo el caso Vectalia “y a quien firmó ese contrato, que permite que los emeritenses no tengan un servicio de transportes digno”, y finalizó diciendo que “hay casos de otras facturas que no podemos pagar porque no hay contrato que lo justifique y que irán saliendo a la luz”.