El Gobierno inicia los trámites para cerrar la Fundación Francisco Franco
20 de Junio de 2024
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este jueves que el Gobierno comenzará el procedimiento para extinguir la Fundación Francisco Franco. Una medida amparada por la Ley de Memoria Democrática.
Así, Urtasun ha indicado: “Acabo de firmar el inicio de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la Fundación Francisco Franco [...] “al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.f) de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo”.
A lo que añadía : “A estos efectos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.
Así, por primera vez desde el Ministerio de Cultura se dan los primeros pasos para la extinción de la citada fundación, que lleva funcionando desde el 8 de octubre de 1976, un año después de la muerte del dictador.
Además, se ha solicitado un informe a la Secretaría de estado de memoria democrática por el posible incumplimiento de la ley de memoria democrática. Con ello, se abre un periodo de recogida de información en el que participarán también las asociaciones de memoria histórica.
FASES DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento se desarrollaría en tres fases. La primera, el inicio de actuaciones previas que ahora comienza, consiste en la petición de informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Registro de Fundaciones de competencia estatal.
La segunda será la apertura del procedimiento, que comenzaría con la comunicación del expediente a la mencionada fundación y la apertura del correspondiente periodo de alegaciones.
Por último, se solicitaría un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción. Finalmente, la resolución del procedimiento será decisión de los jueces.
Se puede acceder al informe completo desde este enlace.
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