El Gobierno no abonará el IVA de 2017 que supone para Extremadura 86 millones de euros

Sin soluciones aparentes en la mesa, el Gobierno de España descarta darle solución a las comunidades autónomas para que estas puedan percibir el dinero que no ingresaron por la reforma del IVA que tuvo lugar en 2017. Para Extremadura supone 86 millones de euros, según la Junta.

A lo que si se ha accedido es aumentar en un 0,2% el objetivo de déficit, algo con lo que la Junta de Extremadura se conforma.

Este desfase debería haber tenido su punto y final en 2019. La ministra de Hacienda señala que aquellas comunidades que esperaban esta compensación el año anterior ya se lo han gasto, y al no haber fondos se ha generado más déficit y ha aumentado el periodo de pago a proveedores.

Así, en los presupuestos de 2020 del Gobierno no hay lugar para una medida como la que se planteó en 2019. De este modo, se propone relajar las exigencias para el cumplimiento del déficit.

Situación que ha causado revuelo entre varias comunidades, aunque en el caso de Extremadura la Junta ha valorado positivamente el esfuerzo del Gobierno para aumentar en un 0´2% el objetivo de déficit que ha sido aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Señala que, en cuanto al cierre de 2019, el Ministerio de Hacienda no contabilizará la parte del déficit imputable a la modificación del IVA, que en el caso de Extremadura asciende a 86 millones de euros, para lo que pondrá en marcha un extra Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a un tipo de interés del 0%.

De este modo, la Junta señala que lo que se debe hacer ahora es trabajar por unos Presupuestos Generales de Estado, por considerarlo un recurso indispensable para Extremadura.

Sobre el nuevo modelo expuesto por el Gobierno, Extremadura mantiene que debe aportar recursos para que las comunidades puedan ejercer cabalmente sus competencias, valorar adecuadamente lo que cuesta prestar los mismos servicios en cada una de las comunidades, y proveer los recursos para ellos, y postular la equidad y la solidaridad, así como tener en cuenta factores como la despoblación o la dispersión.

Ante ese debate, Extremadura mantendrá sus reivindicaciones, que se incluyen el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, las inversiones extraordinarias y la deuda histórica, “que es una ley orgánica que tenemos y que es la postura que Extremadura reivindica del SFA”.

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