El ‘Informe Doñana’ sobre Valdecañas un mazazo para el PSOE

La construcción de la urbanización ‘Marina Isla de Valdecañas’, en el embalse cacereño del mismo nombre no sólo se hizo en contra de lo que la legislación estipulaba en aquel momento, sino que, según un dictamen pericial que la estación Biológica del Parque Nacional de Doñana ha hecho llegar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, perjudicó a la flora y a la fauna durante la construcción del complejo residencial y continúa causando perjuicios actualmente, por lo que debe ser derribada.

El ‘informe Doñana’ reafirma las resoluciones judiciales que dictaminan la ilegalidad del complejo y que su demolición es procedente, lo mismo que opinan las organizaciones ecologistas.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura solicitó un informe pericial a la Estación Biológica y, tres años después, lo tiene en sus manos.

El contenido del mismo ha originado un enorme impacto en la Junta de Extremadura, que permitió la realización de la obra a pesar de que estaba muy clara su ilegalidad, que no impidió que continuase la construcción cuando ya había denuncias fundadas sobre la ilegalidad y el asunto estaba en los tribunales de Justicia y que, años después, cuando existían ya resoluciones judiciales que admitían la ilegalidad del proyecto, pretendió salvarlo reformando la ley, en la Asamblea de Extremadura, durante el anterior mandato de Guillermo Fernández Vara.

IMPACTO EN EL PSOE

Las declaraciones realizadas este viernes por el presidente de la Junta de Extremadura muestran el gran impacto que el informe ha causado en las filas socialistas.

Guillermo Fernández Vara ha restado importancia al ‘Informe Doñana’ y declara su confianza “ciega” en la Justicia.

Aunque manifiesta su respeto al dictamen elaborado por la Estación Biológica de Doñana, en su opinión como “perito forense”, el informe “se debería dividir en dos partes: la evidencia científica y los millones”. Afirma que los informes periciales deben incorporar evidencias científicas “más que opiniones” aunque “son respetables en cualquier caso”.

Vara se muestra convencido que en el periodo correspondiente, la Junta podrá presentar alegaciones sobre el dictamen pericial para “orientarlo” hacia lo que a él le “parece necesario y justo”. En cualquier caso, indica Vara, es una decisión que deben tomar los tribunales, a los que él muestra “su más absoluto respeto”.

MONAGO PIDE RESPONSABILIDADES

José Antonio Monago, presidente del PP en Extremadura, pide responsabilidades a los que “hicieron mal las cosas”. Considera que el coste de los errores cometidos no puede salir “del bolsillo de los extremeños” y espera que, finalmente, no se tenga que derribar el complejo residencial y turístico de isla de Valdecañas, porque si no “se tendrían que realizar unas indemnizaciones millonarias lo que comprometería el futuro económico de la región”.

Con este asunto en los tribunales el futuro de la región “está en manos de un juez”, afirma Monago. El líder del PP critica que los responsables políticos de que la construcción de este mega-complejo urbanístico saliera adelante “ahora estén callados y no digan ni mu”. “Si se tienen que dirimir responsabilidades, éstas tienen nombres y apellidos socialistas”.

El presidente de los ‘populares’ asegura que el Gobierno del PSOE “siempre se equivoca cuando hay grandes proyectos” y pone de ejemplo la refinería del grupo Gallardo proyectada para Tierra de Barros y la urbanización de Valdecañas, y augura que lo mismo ocurrirá con el proyecto de construir grandes casinos en Castilblanco (Badajoz).

PODEMOS: LE PASAN LA FACTURA A LOS EXTREMEÑOS

Álvaro Jaén, secretario general de Podemos, considera que al final, “le pasan la factura a los ciudadanos”. En su opinión, los extremeños “no pueden pagar la factura de quienes hicieron eso a sabiendas que era ilegal”.

DEMOLICIÓN, DEMOLICIÓN, DEMOLICIÓN…

Para las organizaciones ecologistas, el ‘Informe Doñana’, a pesar de ser solamente un dictamen pericial, y no una sentencia, es un mazazo “demoledor” sobre el complejo de Valdecañas y conforma todas las denuncias e iniciativas antes los tribunales de quienes se oponen a él. Las organizaciones ecologista Adenex y Ecologistas en Acción llevaron el proyecto a los tribunales.

“El informe de este prestigioso centro de investigación”, afirma Ecologistas en Acción, “deja poco margen a la duda cuando concluye que ‘mantener el Complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservación, sino la opción más perjudicial para la ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves), solo superada por el detrimento que causaría terminar de ejecutar el Proyecto de Interés Regional. Por tanto […] la opción más beneficiosa es la restauración ambiental de la isla’”.

“La demolición es la opción más adecuada puesto que la demolición seguida de una restauración ecológica tendría un impacto ambiental positivo sobre la ZEPA a largo plazo, en la medida en que suprime un foco de actividad humana permanente y devuelve el espacio ocupado, creando oportunidades de regeneración de los procesos ecológicos y de restablecimiento de la biodiversidad perdida por el uso urbano, algo que tira por tierra los argumentos de la propiedad y de la Junta de Extremadura, empeñados en intentar demostrar que la demolición es más perjudicial para el medio ambiente que el mantenimiento de las construcciones y su uso”, afirma Ecologistas en Acción.