El jurado considera asesinato la muerte de un político cacereño

Por siete votos a favor y dos votos en contra, el jurado popular ha declarado culpables de asesinato a dos políticos locales cacereños.

Ambos, residentes en Descargamaría, en la provincia cacereña, han sido juzgados en la Audiencia Provincial cacereña por la muerte de Juan Carlos Marcos, que fue integrante de la candidatura municipal del Partido Popular (PP) en Robledillo de Gata (Cáceres) durante las elecciones municipales del año 2011.

Los dos procesados son Modesto Sánchez, que fue concejal del PSOE en Descargamaría, y Luis Miguel Hernández, que en el momento de la muerte de Juan Carlos Marcos era candidato del PP y participaba en la campaña electoral, lo mismo que el otro procesado, a pesar de que había sido concejal del PSOE.

Juan Carlos Marcos estaba tumbado en la carretera que comunica Descargamaría con Robledillo de Gata (Cáceres), al parecer en estado ebrio. Residía en la primera localidad, pero trabajaba en la segunda y se traslada de una a otra andando ya que están muy próximas.

La noche en la que sucedieron los hechos, la víctima había participado en un mitin en Robledillo de Gata y, posteriormente, coincidió con los dos procesados en un bar.

Cuando regresaban en un automóvil a Descargamaría, los acusados encontraron a la víctima tumbada en la carretera, inconsciente. El vehículo en el que circulaban los dos procesados le pasó por encima. El cadáver de Marcos, que tenía esposa y un hijo, fue localizado en la cuneta por un vecino, el día 14 de mayo del año 2011.

La defensa de los acusados afirma que se trató de un atropello, por lo que sus clientes no son asesinos, sino, a lo sumo, homicidas por imprudencia. Los procesados se declaran inocentes y afirman que carecían de motivos para matar a Marcos.

Por el contrario, la acusación particular afirma que se trató de una acción premeditada y, por lo tanto, de un asesinato.

En la decisión del jurado ha resultado determinante el informe pericial realizado por la Guardia Civil. Según el informe, ni en la calzada ni tampoco en el cadáver había signos de atropello. Las señales indicaban que el político popular había muerto por aplastamiento, al pasarle el vehículo por encima.

Se considera que ambos procesados se aprovecharon del estado inconsciente de la víctima para  pasarle por encima de forma deliberada y huir del lugar.

La Fiscalía solicita una pena de 12 años de prisión y una indemnización de 600.000 euros, por responsabilidad civil, para los familiares del fallecido.

La acusación particular pide 18 años de cárcel y 700.000 euros para la familia.

Ahora se está a la espera de que la Audiencia dicte sentencia. El abogado defensor ya ha declarado que recurrirá el veredicto, por considerar incorrecto el informe de la Guardia Civil.