El Juzgado exige al Ayuntamiento el expediente que justifica el desalojo de los quioscos

El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Mérida ha dictado una diligencia en la que insta por segunda vez al Ayuntamiento a que le entregue toda la documentación referida al desalojo de los quioscos de la plaza, es decir, el expediente administrativo que justificaría el desahucio de los concesionarios.

Esta diligencia, dictada el 10 de febrero, contradice lo manifestado el 9 de febrero por la portavoz municipal Carmen Yáñez, quien aseguró que “los cuatro recursos de los concesionarios han sido archivados”, y que este supuesto archivo avalaría “que se actuó en el desalojo dentro del marco legal”.

Tal diligencia deja entre ver que las afirmaciones de Yáñez “no son ciertas”, y parece que el Juzgado considera que el Ayuntamiento desobedeció al ignorar el requerimiento realizado en diciembre para que justificase legalmente el desalojo.

Por este motivo, el Juzgado reitera la petición e insta al ayuntamiento de manera urgente a entregar el expediente en el plazo máximo de diez días. Si no lo hace, advierte la diligencia, recaerá sobre la Administración local una multa de entre 300 y 1.200 euros, que deberá abonar la autoridad o el empleado responsable.

Alberto Delgado, representante de los concesionarios, señala que “el ayuntamiento se ha apresurado a autorizar el derribo de los quioscos a la vez que se faltaba a la verdad al señalar que todo estaba resuelto desde el punto de vista judicial, cuando lo cierto, y esta es una prueba fehaciente, que los recursos están muy vivos”.

Delgado añade que “es inaudito que la señora Yáñez hable de respeto a la actuación de los juzgados y mientras la Administración que representa utilice tácticas dilatorias y entorpecedoras de la acción judicial, hasta el punto que el Juzgado ha tenido que llamarles al orden para que obedezcan sus requerimientos”.

“No podemos saber cómo terminará esto, ni el Ayuntamiento tampoco, pero lo cierto es que se están tomando decisiones apresuradas que pueden terminar pagando todos los emeritenses, y encima no se dice la verdad a los ciudadanos”, ha indicado Delgado.

Asimismo recuerda que los antiguos concesionarios han presentado los documentos judiciales que prueban lo que dicen, y se preguntan: “¿dónde están los del Ayuntamiento?”. Concluye diciendo: “basta ya de engañar y tratar de confundir”.