El juzgado moralo, en junio; la dimisión de Cifuentes debe esperar

Hay que esperar, afirma el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a conocer lo que ha pasado antes de tomar una decisión drástica sobre el caso del máster de Cristina Cifuentes, presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El ministro Catalá acaba de visitar la ciudad de Cáceres donde, entre otras cosas, ha condecorado con la medalla de San Raimundo de Peñafort, una de las más prestigiosas en el mundo judicial, a cinco personas.

Con respecto a una posible dimisión de Cifuentes, el ministro ha declarado que, antes de tomar decisiones, lo conveniente y lo razonable es esperar a que concluyan las investigaciones que se están realizando y "a partir de ahí tomar las decisiones que correspondan", ya que las investigaciones que realizan, tanto la Universidad Rey Juan Carlos como la Fiscalía, no han concluido.

INSTALACIONES JUDICIALES

En su visita institucional a Cáceres, el ministro de Justicia ha declarado que Navalmoral de la Mata tendrá un nuevo juzgado en el mes de junio, se ha referido a los contactos que existen entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Cáceres para la cesión de una parcela para ampliar las instalaciones judiciales en la cacereña avenida de la Hispanidad y ha recordado que el Ministerio está construyendo un palacio de Justicia en la ciudad de Badajoz.

ENTREGA DE MEDALLAS

Durante su visita a la capital cacereña, el ministro ha impuesto sendas medallas de San Raimundo de Peñafort a Francisco Hernández, trabajador del cuerpo de gestión procesal y administrativa en el Juzgado de Instrucción número uno de Plasencia; a María Pilar García, directora del Servicio de Auxilio Judicial de Cáceres; a Rafael Estévez, magistrado decano de los Juzgados de Cáceres; a María Carmen Romero, magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Mérida; y a Pilar Blanco-Morales, vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura.

El acto de la condecoración fue presenciado, entre otras personas, por Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura; Isabel Gil Rosiña, portavoz del Ejecutivo regional; Cristina Herrera, delegada del Gobierno en Extremadura; y Julio Márquez de Prado, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.