El PP sostiene que el derecho a la vivienda no es el derecho a okupar la de los demás

Los senadores del PP por Badajoz, José Antonio Monago y Carmen Pagador, han destacado que la Ley Antiokupación, que el GPP ha defendido esta semana en el Senado, permitirá el desalojo de los ocupantes ilegales en un plazo de 24 horas, creando un mecanismo apropiado para la defensa de la propiedad privada, "una iniciativa que lamentablemente ha sido rechazada por los senadores del PSOE".

La norma propuesta plantea cambios significativos para proteger la propiedad privada, endurecer las penas por ocupación ilegal, facilitar el desalojo rápido de los ocupantes ilegales y evitar su empadronamiento en las viviendas ocupadas. También incluye medidas para agilizar los procedimientos judiciales, establecer penas para quienes promuevan la okupación y facultar a las comunidades de propietarios para actuar legalmente contra los ocupantes ilegales y y adoptar medidas preventivas.

José Antonio Monago ha destacado que “la okupación de viviendas es un problema significativo en la provincia de Badajoz, donde se produjeron entre 2022 y 2023 un total de 167 ocupación ilegal de inmuebles”.

Además, ha señalado que la “okupación ilegal afecta gravemente a la convivencia vecinal y genera problemas de seguridad ciudadana, lo que dificulta la labor de los alcaldes para abordar estas situaciones”.

En este sentido tanto Monago como Pagador han criticado las políticas del Gobierno de Sánchez, que, según ellos, “han contribuido al aumento de la okupación ilegal y al encarecimiento del alquiler de viviendas. Han exigido al gobierno soluciones concretas para mejorar el acceso a la vivienda, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad”.

Finalmente, los representantes del PP por Badajoz en la Cámara Alta, han subrayado la importancia de construir viviendas públicas y sociales y de implementar medidas efectivas para combatir la okupación ilegal, al tiempo que han elogiado las acciones del presidente Feijóo como ejemplo a seguir en la lucha contra este problema y en la promoción del acceso a la vivienda, “lo que contrasta claramente con lo que hace el Gobierno de Sánchez, que dedica esfuerzos únicamente en blanquear a delincuentes y con la política de vivienda con los peores resultados de menos vivienda disponible, mayores precios y dificultad de los españoles para formar una familia y tener un hogar”.