El sector cinegético reclama la retirada de la Ley de bienestar animal

El sector cinegético, representado a través de la Real Federación Española de Caza (RFEC) y las entidades que forman la Oficina Nacional de la Caza (ONC), reclamará en la próxima manifestación del 20 de marzo la retirada del Anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales y el fin de las políticas anti-caza que está llevando a cabo el Gobierno de España en lo que supone un ataque sin precedentes a la línea de flotación de la caza.

Este Anteproyecto de Ley, que actualmente se encuentra en fase en trámite de audiencia e información pública, supondrá el fin de la caza tal y como la conocemos, muy especialmente para los aficionados de la caza con perro, ya que contempla la prohibición de su cría y venta entre particulares, la esterilización obligatoria, la restricción del transporte de más de 5 animales, o la prohibición de trabajar o cazar con los perros hasta que no tengan más de 18 meses de edad.

Esta iniciativa legislativa se suma a otros ataques al sector como el nuevo Real Decreto de Núcleos Zoológicos, la modificación del Código Penal que pretende hacer extensible el maltrato animal a todos los animales vertebrados, o la prohibición de la caza de la tórtola, la gestión del lobo, el silvestrismo y la caza en Parque Nacionales. Además, las políticas ecoanimalistas de Europa que se aplicarían en nuestro país, pretenden acabar con la caza de especies como la perdiz, la codorniz o el zorzal y prohibir el uso del plomo sin una alternativa viable.

Por ello, en la gran cita del 20 de marzo, los cazadores representados en una gran riada naranja exigirán el fin de este y otros ataques del Ejecutivo y reivindicarán la importancia de la caza como una actividad generadora de economía, fijadora de empleo y que aporta enormes beneficios sociales, económicos, medioambientales y culturales al mundo rural. Por otro lado, el fin de la caza tendría un impacto negativo sobre la biodiversidad, las especies amenazadas, los ecosistemas, los accidentes de tráfico, la agricultura, la ganadería, la transmisión de enfermedades o la pérdida de empleo, así como un sobrecoste económico para el erario público al dejar de realizar controles poblacionales a través de acciones cinegéticas.

2 MILLONES DE PERSONAS

Según destaca el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, “el sector cinegético representa directa o indirectamente a 2 millones de personas, aporta más de 6.475 millones de euros anuales al PIB, invierte más de 300 millones de euros anuales en acciones de conservación y mantiene cerca de 200.000 puestos de trabajo, muchos de ellos en la España vaciada. Por ello no es razonable ni justo que un gobierno sacrifique a un grupo de sus ciudadanos en pro de la búsqueda de un voto urbano que está alejado del mundo rural”.

La gran movilización del 20 de marzo bajo el lema, “Juntos por el Campo”, está convocada por ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de Caza (RFEC), Oficina Nacional de la Caza (ONC), Alianza Rural, Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) y Cooperativas Agro-alimentarias.