Elecciones extremeñas: lo de siempre o el cambio

El pasado 8 de mayo, los escoltas de José Antonio Monago agredieron a una mujer que lleva meses acampada delante del chalé del presidente del Gobierno de Extremadura para reclamar su derecho a una vivienda digna. Es una dolorosa metáfora de cómo ha gobernado el Partido Popular en Extremadura: despreciando a la gente. La insistente propaganda que ha desplegado Monago estos años, con la que se ha intentado forjar una imagen de verso suelto “progre” del PP, no ha sido suficiente para ocultar una legislatura de enchufismo y políticas antisociales.

El enchufismo, esa corrupción legal a la que tan acostumbrados estamos en Extremadura, empezó pronto: poco después de ser investido presidente gracias al entusiasta apoyo de Izquierda Unida, Monago contrató a veinte familiares de gente del PP y repartió altos cargos entre militantes de IU, incluida la presidencia de la corporación audiovisual pública.

Después de décadas de gobiernos del Partido Socialista, algunos pensaron que el cambio de gobierno serviría al menos para acabar con el clientelismo y la falta de transparencia que han caracterizado históricamente el funcionamiento de la Administración autonómica extremeña, pero pronto quedó claro que la regeneración democrática que vendía el PP era puro humo. Como ahora.

La propaganda de Monago ha incluido tanto vídeos estelares como el ya famoso rap o los cortos de animación en los que insultaban a los andaluces como el posicionamiento de Monago contra la ley del aborto de Gallardón.

El objetivo ha sido claro: aprovechar la alianza con Izquierda Unida para confundir al electorado, dándose un barniz progresista. Pero los datos son testarudos y no hay propaganda que los oculte: el gobierno del Partido Popular en Extremadura es el que más ha recortado en sanidad y educación. La sanidad pública ha sufrido un recorte presupuestario del 22%, lo que se ha traducido en despidos masivos de personal sanitario, alargamiento de las listas de espera y cierre de centros de urgencias rurales.

La tijera de Monago también ha atacado con fuerza al sistema educativo público de Extremadura, que ha perdido 2000 profesores en tres años y ha reducido el número de becas. Como en otros sectores, el gobierno del Partido Popular ha intentado disimular los recortes con medidas demagógicas, como dar 1000 euros al año a todas las personas que participasen en el programa para adultos que no tienen el título de ESO. Otra iniciativa de este tipo fue la mísera paga de 25 euros al mes para las mujeres mayores de 75 años, aprobada un mes antes de las elecciones aunque prometida el año anterior.

Izquierda Unida ha sido un fiel apoyo para la propaganda de José Antonio Monago. El partido de Pedro Escobar facilitó la investidura de Monago como presidente a cambio de una serie de medidas que incluían una Renta Básica universal, que en cuatro años han concedido sólo a 8.500 personas.

Se trata de una cifra ridícula, teniendo en cuenta que 400.000 extremeños son pobres, el 36% de la población. Este estrepitoso fracaso y el resto de incumplimientos del pacto PP-IU no han sido suficientes para que los últimos retiren su apoyo a Monago, facilitando con sus reiteradas abstenciones en el Parlamento extremeño que el Partido Popular apruebe año tras año los presupuestos más antisociales de toda España.

El PSOE ha sido el principal beneficiado de esta extraña dinámica política, ya que, ha podido presentarse como el defensor de lo público, oponiéndose de boquilla a los recortes de Monago. Sin embargo, los datos tampoco ayudan a Guillermo Fernández Vara, anterior presidente de la Junta de Extremadura y de nuevo candidato del PSOE (la renovación al poder).

Un buen ejemplo de la hipocresía del partido de Vara es que los recortes sanitarios que tanto ha criticado empezaron durante su gobierno. Además, la actual situación de emergencia social no es sólo responsabilidad de Monago; en 2010, después de décadas de gobiernos socialistas, casi el 40% de los niños extremeños estaban en riesgo de pobreza, según datos de Unicef. No parece una cifra que permita a Vara presentarse a estas elecciones como el adalid de los más débiles.

Tampoco da demasiada confianza su promesa de “hablar con los bancos” para convencerlos de que no sigan desahuciando a gente. En una región con 100.000 viviendas vacías y miles de desahucios al año de familias que no tienen alternativa habitacional, no parece que “hablar” con los desahuciadores sea suficiente para garantizar el derecho a la vivienda.

Extremadura se ha caracterizado históricamente por una gran debilidad de los movimientos sociales, pero el 15M cambió nuestra región para siempre. La sociedad extremeña ya no está tan anestesiada como les gustaría a Monago y a sus creativos asesores de comunicación.

Desde 2011 se han extendido movimientos sociales como las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y los Campamentos Dignidad, que llevan años reclamando medidas urgentes para paliar la situación de emergencia social que sufre Extremadura, como la paralización inmediata de los desahucios, el pago de la renta básica y la garantía del suministro de luz y agua a todas las familias que no pueden pagarlos.

Es urgente que estas propuestas de sentido común lleguen a las instituciones extremeñas, con una nueva mayoría parlamentaria y un nuevo gobierno que dediquen cada minuto a responder a las necesidades de la ciudadanía, no a idear ingeniosas estrategias de propaganda.

El 24 de mayo muchos extremeños y extremeñas votaremos por primera vez con ilusión en unas elecciones autonómicas, esperanzados por la posibilidad de conseguir un verdadero cambio político. Sin resignarnos a votar lo menos malo para evitar lo peor. Al final, en Extremadura se decide lo mismo que en el resto de España: seguir como siempre o cambiar.