Exigen demandar responsabilidades a los verdaderos culpables del fiasco de Valdecañas

Desde Ecologistas en Acción advierten que están sufriendo un tremendo acoso mediático por intentar que se cumpla la legalidad urbanística, “pero la Junta de Extremadura utilizó todo tipo de estratagemas para tratar de justificar un proyecto ilegal e irresponsable”.

Recuerdan que la empresa promotora solo buscaba su lucro, los compradores eran conscientes de la ilegalidad del proyecto y, por último, los juzgados no decretaron la necesaria paralización cautelar de la urbanización cuando pudieron evitar que se construyeran los edificios que ahora hay que demoler.

La asociación está sufriendo un tremendo aluvión de críticas y descalificaciones desde todos los estamentos por hacer lo que le correspondía a la Junta de Extremadura y que nunca hizo: defender la legalidad urbanística en el caso de Marina de Valdecañas.

UN PROYECTO ILEGAL

Como han ido demostrando las continuas sentencias, el proyecto era ilegal desde el principio: no se podía urbanizar en un espacio protegido (declarado por la propia junta de Extremadura, no por las organizaciones ecologistas) y no era constitucional modificar la Ley de Suelo de Extremadura en contra de normas de rango superior para justificar la urbanización.

Sin embargo, nadie en la Junta de Extremadura ha asumido ninguna responsabilidad política por este despropósito. Continuamente desvían la atención hacia la acción de los colectivos ecologistas, Adenex y Ecologistas en Acción, que iniciaron este proceso judicial. Estos días se ha llegado incluso a cuestionar por parte de Guillermo Fernández Vara la utilidad de la Red Natura 2000, volviendo a discursos que no se escuchaban desde los peores años del desarrollismo.

El papel que ha jugado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) también es reseñable. Después de varias resoluciones en contra del proyecto, sentenciaron en marzo de 2011 la nítida ilegalidad del mismo. Pero pusieron las condiciones para que las obras siguieran adelante al exigir una fianza de 41 millones de euros para que se paralizaran los trabajos, algo inalcanzable para organizaciones sin ánimo de lucro como Adenex y Ecologistas en Acción.

Posteriormente, en junio de 2020, desde el mismo TSJEx se declaró la “imposibilidad material” de demoler lo que años antes no impidieron que se construyera, incluso retorciendo las conclusiones del estudio que había hecho el CSIC y que concluía que la mejor opción para la recuperación el espacio natural era la demolición.

Efectivamente, el exhaustivo trabajo de los científicos concluía: “Mantener el Complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservación, sino la opción más perjudicial para la ZEPA, solo superada por el detrimento que causaría terminar de ejecutar el Proyecto de Interés Regional. Por tanto, al plantearse la pregunta como una dicotomía, la opción más beneficiosa es la restauración ambiental de la isla […] Desde el punto de vista global, la huella ecológica de la demolición es menor del 1% de la huella ecológica del mantenimiento del Complejo”.

Otro intento más de consolidar la política de hechos consumados que ha caracterizado a las actuaciones urbanísticas en nuestro país. Por suerte, el Tribunal Supremo ha sido contundente al concluir la necesidad de demoler la totalidad del complejo.

Por su parte, la mayor parte de los propietarios conocían la sentencia que declaraba la ilegalidad del proyecto antes de proceder a la compra. Así lo demuestra una de las escrituras de compra-venta en poder de Ecologistas en Acción (y similar a la del resto de propietarios, como se destaca en la propia escritura) en la que se advierte de esta situación.

LA JUNTA LO SABÍA

Además, según se recoge en el apartado quinto de este documento el propio Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura declara que las obras son legales y que se pueden seguir sin “ninguna limitación legal”. Nuevamente, la Junta apuntala un proceso ilegal y especulativo, sin que nadie asuma ninguna responsabilidad.

También se está responsabilizando al movimiento ecologista de la falta de empleo en la zona. Mientras se inflan las cifras de empleados en la urbanización, la realidad es muy diferente: el propio alcalde de Berrocalejo acaba de reconocer que hay tres personas contratadas en su municipio. “Pero estas cifras engrosadas sirven para hacer demagogia con la falsa dialéctica de los empleos versus la protección del entorno. Y, de paso, se oculta la responsabilidad de las administraciones que no han sabido promover un verdadero desarrollo sostenible con empleos de calidad en la zona”.

La generación de los necesarios puestos de trabajo nunca puede basarse en incumplir la normativa urbanística y ambiental. De hecho, Ecologistas en Acción ha exigido a la Junta que abandone su estrategia de búsqueda de chivos expiatorios y que se ponga en serio a trabajar para mejorar la situación socioeconómica en los pueblos afectados.

Ante esta interminable serie de despropósitos, que finalmente podrían costar una importante cantidad de fondos a las administraciones públicas, Ecologistas en Acción vuelve a reivindicar su coherencia e insiste en que las responsabilidades hay que buscarlas en otros lugares.