Extremadura se opone a que las oposiciones para docentes sean eliminatorias

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha asegurado que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “ha perdido una gran oportunidad de mantener la paz social” al renunciar a que las pruebas de acceso a la función pública docente no sean eliminatorias.

“Nosotros consideramos que el ministerio ha perdido una gran oportunidad de tener un consenso con los agentes sociales”, ha asegurado la consejera a la entrada de la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, en Madrid.

La titular de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura ha recalcado que “era el momento de mantener la paz social porque los sindicatos proponían que las pruebas de acceso a la función pública docente no fueran eliminatorias”, además teniendo en cuenta el reciente acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos para que se reduzcan las tasas de interinidad y se acerquen al 8 por ciento.

Así, la consejera se ha mostrado a favor de que las pruebas de acceso a la función pública docente no sean eliminatorias. “Creemos que es beneficioso no sólo para los interinos, sino para todas aquellas personas que acceden por primera vez a la función docente”, ha expresado Esther Gutiérrez.

Del mismo modo ha asegurado que “ha sido una reivindicación más social, que a nosotros no nos parecía mal y creemos que era el momento de que hubiera habido un consenso y esa paz social”, teniendo en cuenta además que varios sindicatos han anunciado ya manifestaciones de rechazo a la postura del ministerio.

Esther Gutiérrez ha asegurado que el empeño del ministerio en mantener las pruebas eliminatorias es “una cuestión más de voluntad política, porque en otro tiempo estas pruebas no fueron eliminatorias”. Esto sucedió entre los años 2008 y 2011, como procedimiento transitorio derivado de la implantación de la LOE, la ley anterior a la actual LOMCE.

En este sentido, la consejera ha asegurado que pedirá al ministerio el informe de la Abogacía del Estado al que hace referencia según el que se rebate la legalidad de que las pruebas de acceso a la función pública docente no sean eliminatorias.