Extremadura y Valencia reclaman un modelo de financiación que garantice los servicios básicos

La Junta de Extremadura junto a la Generalitat Valenciana han reclamado hoy un modelo de financiación estable y que garantice los servicios mínimos para las comunidades autónomas.

Se trata de una declaración conjunta dentro del marco de la reforma del Sistema de Financiación Autonómica que se desarrolla en la actualidad.

Ambas regiones basan su acuerdo en varias premisas. La primera de ellas es que la reforma del sistema de financiación no debe abordarse como un debate de territorios, sino con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Estado de Bienestar en España, “estableciendo en el centro de atención las necesidades de las personas, con independencia del territorio donde vivan”, ha señalado la consejera extremeña de Hacienda, Pilar Blanco-Morales.

De este modo, Blanco-Morales, acompañada por el conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, han destacado que “existe una insuficiencia en los recursos asignados por el sistema”.

En realidad, el gasto de las comunidades autónomas se encuentra 4 puntos del PIB por debajo de la media de los países de la Eurozona, es decir, 40.000 millones de euros por debajo de lo que gastan los mismos en estas funciones de gasto.

Soler ha puesto de manifiesto que el nuevo modelo tiene que proporcionar una financiación “suficiente” para que las comunidades puedan prestar todos los servicios públicos de los que son responsables, al mismo tiempo que señala la necesidad de construir un sistema que equipare en recursos a las distintas regiones.

En este sentido, ambos consejeros de Hacienda, han pedido a que este nuevo modelo proporcione estabilidad sanitaria, educativa y de los servicios sociales. Asimismo, “debe asegurarse la aplicación efectiva del principio de lealtad constitucional entre el Estado y las comunidades autónomas”, ha defendido Blanco-Morales.

“Un nuevo modelo, sencillo, transparente, predecible y por tanto, que permita la planificación a medio y largo plazo, lo que coadyuvará a una mejor consolidación fiscal en las comunidades autónomas”, han puesto de manifiesto. Tanto Pilar Blanco-Morales, como Vicent Soler, han reiterado que durante los últimos cinco años la contribución al esfuerzo de reducción del gasto público de las distintas administraciones ha sido “muy desigual” y “en absoluto proporcional a sus pesos respectivos en el gasto público”.

Según datos aportados por la Junta de Extremadura, el Estado ha soportado un 20,5% de los ajustes, las comunidades autónomas un 62,2%, y los ayuntamientos el 28,1%.

Por este motivo, las comunidades han visto incrementado sustancialmente su endeudamiento entre 2009 y 2014. “Si el sistema de financiación hubiera provisto los recursos necesarios para cubrir el gasto en servicios públicos fundamentales, el endeudamiento autonómico hubiera sido 156.000 millones de euros inferior al actual”, han señalado en rueda de prensa posterior a la firma de este acuerdo.