FSIE tacha al alcalde de Cáceres de incoherente

Desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Extremadura (FSIE) señalan que el alcalde de Cáceres “esquiva la ley promovida por su propio partido y provoca un grave daño a las familias cacereñas”.

Es obligación inexcusable de todos los políticos trabajar en beneficio de todos los componentes de la sociedad a la que gobiernan. En el terreno municipal, las corporaciones deben tomar decisiones que no perjudiquen a una mayoría en provecho de unos pocos.

“Esto ocurre en la ciudad de Cáceres, en la que el alcalde socialista se ha empecinado en el traslado de un centro educativo que produciría una enorme daño a cientos de familias cacereñas, debido a que la oferta de plazas escolares y la demanda de estas evidencia la inviabilidad de la creación de este nuevo centro, además esta posibilidad es totalmente contraria a la nueva Ley Celaá”, argumentan desde esta federación sindical educativa.

El último trámite para este “desvarío” se produjo en la reunión del Consejo Escolar Municipal, órgano no vinculante pero obligatorio para el proceso. Dicha reunión se intentó realizar de urgencia el 23 de diciembre, pero no se llevó a cabo porque sus componentes no veían la necesidad que urgía al consistorio.

Continúan declarando que insistieron desde el municipio porque era necesario realizarla antes del 20 de enero y confesaron que tras esa fecha la implantación de la Ley Celaá -impuesta por sus compañeros de partido sin el mínimo consenso- impediría la ejecución de sus propósitos, tal como reconocieron sin pudor. El Consejo, compuesto por expertos en educación, votó masivamente en contra del traslado, pero esto no ha arredrado al alcalde, a pesar de que:

•             La zona de reubicación del centro está atestada de centros escolares (dos concertados y tres públicos) que sufren para llenar sus aulas en los últimos años. La presencia de otro colegio ocasionaría un desequilibrio aún mayor e inevitablemente el cierre de aulas, en poco tiempo el cierre de varios de estos centros. Ello comportaría el despido de muchos de trabajadores de la ciudad de Cáceres.

•             Las inusitadas prisas del alcalde del municipio no se pueden entender si solo se aplican los intereses académicos que son los que han de primar.

•             La mención al posible desarrollo demográfico de la zona en cuestión invita a la perplejidad cuando la ciudad de Cáceres está sufriendo como ninguna la crisis poblacional que comporta la escasez de niños (en los últimos cinco años el crecimiento ha sido casi nulo cuando no negativo).

•             El pliego de licitación que ha exigido el Ayuntamiento se ha confeccionado a medida del colegio que quiere trasladarse, de manera que evita la competencia de otras opciones planteadas para evitar el colapso académico de la zona.