Ibercaja proyecta un ERE en 32 oficinas de Extremadura
20 de Abril de 2017
El último ERE anunciado por Ibercaja ha sido duramente criticado por los dos partidos mayoritarios en Extremadura. Tanto PSOE como PP consideran que es una medida “desproporcionada”, y han mostrado su solidaridad con los trabajadores, tras una reunión mantenida con los representantes sindicales de la empresa
Por su parte, el PSOE ha reclamado al Gobierno de España que derogue la reforma laboral y deje de imponer fusiones bancarias, ya que “ambas acciones conllevan consecuencias laborales como la que pretende interponer Ibercaja". Los socialistas recalcan que los empleados de este sector "ya han hecho muchos esfuerzos, como los relacionados con la pérdida de poder adquisitivo o con despidos, para solventar un problema de la banca que ellos no generaron, pero cuyas consecuencias sí están afrontando".
El expediente de regulación de empleo (ERE) que la entidad financiera Ibercaja proyecta llevar a cabo con sus trabajadores, afectaría al cierre de hasta 32 oficinas en Extremadura, de las 160 oficinas que están repartidas por toda España. Se trata del ajuste más importante en número de sucursales.
El portavoz de Empleo del Grupo Socialista, Juan Antonio González, ha dicho al término de la reunión que “lamentablemente, este ERE es fruto de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy y de las fusiones bancarias que el propio Estado está imponiendo en el sector desde el año 2012”.
POSICIÓN DEL PP
La decisión dejará sin servicios financieros a muchas familias, pymes y autónomos de la región, por lo que los populares han subrayado el efecto de exclusión bancaria que se producirá, teniendo en cuenta la alta dispersión de la población, la extensión del territorio y el envejecimiento. “Es un mazazo para los servicios bancarios”, ha dicho el portavoz del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón.
Asimismo, ha recordado que ya en 2010 la entidad extremeña sufrió un ERE, al que siguieron otros dos en 2013 y en 2015, sin olvidar un intento fallido en 2012. La propuesta desde los servicios centrales de Zaragoza para la región extremeña es el ajuste más duro del banco en todos los territorios, ya que afectaría a un 37,3%. Sobre un total de 389 trabajadores supondría el despido de 145.
En otras comunidades autónomas, como en el caso de Aragón, el ERE es de un 13%, e incluso menor, como en el arco mediterráneo, donde apenas llega al 2%. Este ERE afecta a una entidad bancaria que llevaba más de 125 años ofreciendo servicios en toda Extremadura. El PP ha apuntado que preguntará hoy en el pleno de la Asamblea para conocer la posición de la Junta ante estos despidos.
Como ha aseverado el portavoz de Hacienda del GPP, el Ejecutivo regional tiene capacidad de influir y defender los derechos de los trabajadores de las entidades y se ha referido a la rotura del SIP de Caja Rural de Extremadura y Caja Rural del Sur, un acuerdo que se consideraba injusto y se consiguió disolver gracias a la presión que ejerció el gobierno de Monago, consiguiendo que se interrumpiera una fusión perjudicial para todos los extremeños.
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