IU acusa al PP de los recortes en las nuevas líneas de autobuses

Izquierda Unida-Mérida ha calificado de "recortes" la modificación del servicio de autobuses urbanos, vinculándolos "a la privatización del servicio realizada por el PP".

Los despidos planteados por la empresa y la disminución del recorrido de las líneas en un 50% respecto al actual, son a juicio de Izquierda Unida, “una consecuencia directa de la aplicación de la privatización aprobada por el gobierno anterior del Partido Popular, que viene a demostrar las graves consecuencias que conlleva la privatización de los servicios públicos sobre la calidad de los mismos y los derechos de los trabajadores”.

Además, la formación liderada por Álvaro Vázquez piensa que las declaraciones del actual delegado municipal “que viene a defender estos recortes, supone un cambio de postura del PSOE frente a la privatización del servicio a la que se opuso firmemente en su momento”.

“El discurso del gobierno municipal viene a vincular la privatización de los servicios públicos con la mejora en la gestión, a pesar de que la aplicación de este contrato supondrá una disminución del número de kilómetros que anualmente realizará el servicio de transporte urbano, que en un periodo de ocho años deberá disminuirse desde los 709.702 Km/año que realiza actualmente a los 354.658 Km/año comprometidos en el contrato, es decir una reducción del 49,9%”, señalan.

Por otra parte, la formación recuerda que uno de los argumentos para la privatización fue el de la reducción del coste del servicio, "algo rotundamente falso, pues en principio su coste se calculó en 750.000 euros al año, mientras en la actualidad esta cifra se sitúa en 1.400.000 euros, según consta en la última liquidación del presupuesto facilitada en su momento por el gobierno municipal”.

CONDICIONES

Por último, “la disparidad entre las condiciones que en su momento estableció el Ayuntamiento para la gestión del servicio, y las condiciones que finalmente aceptó el propio Ayuntamiento son de tal magnitud que nos lleva a concluir que: o bien se produjeron algunas prácticas corruptas en su tramitación, o bien el proceso de licitación se gestionó con una incompetencia profesional que limita con el delito”, añaden.

Así, mientras en los pliegos que regularon la licitación se establecen las condiciones que la empresa adjudicataria debería cumplir en la gestión del servicio; por su parte, el contrato por el que se adjudica y se constatan las condiciones del servicio establecen otras “absolutamente contrarias a las dispuestas en los pliegos, lo que entra en contradicción flagrante con la normativa que regulaba este proceso”, advierten desde IU.

En su opinión, estos hechos vienen a demostrar “cuáles son los efectos de un modelo de gestión que tiene por objeto convertir la prestación de un servicio público en un negocio en beneficio de los intereses de una empresa privada”.