La compañía LEDA está en una situación límite

La Junta de Extremadura ni ha abonado la deuda que le reclama LEDA, ni tampoco se ha puesto en contacto con la empresa para concertar una entrevista y propiciar el acuerdo, ha declarado a 7Dias Alberto Valenzuela Claros, director financiero de la compañía Líneas Extremeñas de Autobuses.

En este contexto de hechos, los responsables de LEDA, mantienen su decisión de dejar de prestar servicio en 25 líneas, declaradas por la Administración regional de obligación de servicio público, a partir del lunes día 2 de abril.

“No se trata de una amenaza ni tampoco de un ultimátum”, asegura en sus declaraciones a 7Dias el director financiero de la compañía. “Es una situación límite de necesidad. LEDA carece de recursos propios para seguir financiando esas veinticinco, porque son veinticinco y no quince como, por algún error, ha dicho la portavoz (Isabel Gil Rosiña) de la Junta, esas veinticinco líneas”.

SUSPENSIÓN POR FALTA DE FONDOS

La portavoz del Ejecutivo regional ha asegurado, con absoluta rotundidad, que la Junta no le debe nada a LEDA. Y con no menos rotundidad afirma el director financiero qué sí le debe y mucho. Tanto que de no realizarse el pago, LEDA tendrá que suspender los servicios por falta de fondos.

El coste del servicio prestado por LEDA durante 27 meses supera ampliamente el millón de euros y la Junta sólo le ha abonado “una mínima parte”.

La deuda de la Junta con LEDA “no cosiste en una factura que la compañía haya emitido y que la Administración regional no haya pagado. Es una subvención que no ha sido abonada. Una subvención aprobada oficialmente para mantener el servicio OPS (obligación de servicio público) en esas 25 líneas”.

Y no es una deuda contraída durante los últimos meses, sino que la cifra comenzó a acumularse a partir del año 2015, cuenta Valenzuela Claros.

Según el director financiero de LEDA, el mantenimiento del servicio de autobús en esas líneas oscila entre 50.000 y 55.000 euros mensuales.

La Junta, le encargó a la compañía extremeña que prestara el servicio requerido para que la comunicación por autobús entre las poblaciones incluidas en las líneas no desapareciese. Le hizo el encargo, según demuestra LEDA con documentos oficiales, pero no le ha pagado todo lo que cuesta el servicio.

Además, afirma Alberto Valenzuela, hay un periodo de tiempo durante el que LEDA estuvo prestando servicio en las líneas OPS que le encargó la Junta, como solución de emergencia, sin que el encargo estuviese amparado por una resolución oficial definitiva. Como la aprobación de la resolución se alargó en el tiempo, cuando la compañía reclamó que se le pagase lo pactado, los servicios técnicos de la Junta indicaron que no se podía hacer un pago ‘de carácter retroactivo’ sobre prestaciones de servicio realizadas antes de que la Administración regional las confirmase con una resolución definitiva.

El director financiero de LEDA asegura que la propia consejera Begoña García Bernal, titular de la cartera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en quien también recaen las competencias sobre transporte, y José González Rubio, director general de Transporte, han reconocido ante los responsables de la compañía y ante los trabajadores de la misma, que la reclamación por deuda que hace la empresa de autobuses es correcta y que, como no se puede abonar con carácter retroactivo, lo mejor para la compañía es que recurra a la vía contencioso administrativa.

Así lo ha hecho LEDA, afirma Alberto Valenzuela Claros, el director financiero de la compañía, que está a la espera de poder cobrar por esta vía.

También se encuentra a la espera de que la Junta le comunique si se va a reunir con la empresa, como LEDA le solicitó ‘el viernes (día 16), el mismo día que se le comunicó, por escrito, la imposibilidad material de seguir dando servicio en esas 25 líneas a partir del día 2 de abril”.

EL SUELDO DE 50 EMPLEADOS

Añade Valenzuela que los empleados de LEDA, que conocen perfectamente la situación, no deben temer por sus sueldos porque la legislación garantiza que, tanto si la Junta se hace cargo de las 25 líneas como si le encarga el servicio “a cualquier otro operador”, quien se encargue de realizar el servicio debe “subrogarse a los trabajadores que lo realizan actualmente, manteniendo sus actuales condiciones laborales”.

En esas 25 líneas sometidas a la OPS trabajan unas 50 personas, de las 70 que, según Valenzuela, tiene la compañía en plantilla.