La Inspección de Trabajo calcula que Tenorio dejó de pagar a sus trabajadores 1,8 millones

La Inspección de Trabajo continúa constatando lo que los trabajadores de Ambulancias Tenorio vienen denunciando desde que la empresa comenzó a operar en la región.

Un nuevo informe de este órgano ante varias denuncias del sindicato CSIF pone de manifiesto el incumplimiento de las condiciones laborales por parte de la empresa. En este caso, de dicho informe se deduce que los trabajadores de Ambulancias Tenorio e Hijos han dejado de recibir cerca de 1,8 millones de euros aproximadamente con las prácticas de la empresa. Pero además como consecuencia de ello, también sale perjudicada la Seguridad Social, a quien la empresa habría defraudado cerca de 700.000 euros según calcula el sindicato.

Dicho informe con fecha 12 de julio de 2019 se centra en la actividad de la empresa durante el año 2018. En la primera materia que pone su foco de atención es en la jornada, horario, ritmo de trabajo, descanso y vacaciones.

“Como resultado de la actuación inspectora se ha puesto de manifiesto que la empresa durante 2018 ha mantenido una situación de general incumplimiento de las normas sobre vacaciones, ritmos de trabajo y descansos establecidos en el convenio colectivo de aplicación. Ha resultado acreditado que 16 trabajadores ni si quiera han sido incluidos en los calendarios de vacaciones. Se ha comprobado que los periodos de vacaciones señalados en los calendarios de vacaciones no son ciertos al menos respecto de más de 300 trabajadores (el 30% de la plantilla aproximadamente). Se ha comprobado que de forma sistemática se vulnera el derecho al descanso de los trabajadores en los ritmos de trabajo…”, indica la Inspección de Trabajo en su informe.

Así, en base a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social esta práctica constituye una infracción laboral grave, por lo que se extiende el acta de infracción laboral correspondiente.

La segunda materia en la que se centra el informe trata sobre los contratos en prácticas. La Inspección indica que se han examinado más de 200 relaciones laborales existentes en la empresa con esta modalidad, con la que estiman que 73 casos han sido fraudulentos. “La modalidad contractual empleada ha sido fraudulenta, con vulneración de lo establecido en el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores”, señala.

De esta práctica también se ha extendido un acta de infracción laboral con la estimación de perjuicio económico a los trabajadores determinado en más de 335.000 euros.

Como tercera cuestión, la Inspección constata que la empresa “no retribuye todas las horas de presencia que realizan los trabajadores o lo hace por importe inferior al debido”. Este incumplimiento afecta a trabajadores que prestan servicios de Transporte Sanitario en Urgencias y Emergencias Sanitarias en bases presenciales y en Puntos de Atención Continuada (PAC) en Centros de Salud y Transporte Sanitario No Urgente de Servicios Programados. En total se han detectado 459 casos en los que los trabajadores han percibido un salario inferior al debido por insuficiente retribución de las horas de presencia realizadas.

Las horas extraordinarias, retribución y declaración también es motivo de incumplimiento para esta empresa andaluza. La Inspección ha comprobado que se realizan horas extraordinarias que no son declaradas como tales, que no se abona el incremento obligado del 50% de su precio impuesto por el convenio colectivo y que no se efectúa la obligada cotización adicional a la Seguridad Social por su retribución. Estos incumplimientos afectan a 105 trabajadores.

Como consecuencia de la conclusión de estas actuaciones, la Inspección practica tres actas: la primera es con referencia al perjuicio económico a los trabajadores por las cantidades que han dejado de percibir 505 de ellos por horas de presencia o por horas extraordinarias no retribuidas, estimándose el perjuicio sufrido por los trabajadores en más de 1.400.000 euros en el año 2018.

La segunda acta sobre infracción en materia de Seguridad Social coordinadas con actas de liquidación de cuotas por las no ingresadas correspondientes a las cantidades que tenían derecho a percibir los trabajadores por horas de presencia y horas extraordinarias realizadas correspondientes a los CCC de Cáceres y Badajoz.

Y la última acta de infracción laboral por superación de los límites establecidos en el Estatuto de los Trabajadores respecto a las horas extraordinarias.

LOS TRABAJADORES TENDRÁN QUE RECLAMAR

Tal y como explican Amparo Galán y Máximo Blanco, miembros de la sección de Empresa Privada de CSIF, los trabajadores tendrán que denunciar ante el juzgado de lo social uno por uno.

Además, recuerdan que ésta no es una sentencia firme por lo que cabe recurso por parte de la empresa.

El sindicato ha querido destacar el volumen de trabajadores a los que afectan todas estas sanciones y piden que de manera urgente se tomen las medidas necesarias para que se cumpla la normativa laboral. La situación en 2019 no ha cambiado mucho con respecto al año anterior, año al que se refieren estas infracciones.

Respecto la recisión del contrato por parte de la Junta, desde CSIF entienden que ésta es una decisión política que “corresponde a los políticos tomar”. “Nosotros estamos aquí para exigir que se cumpla la normativa laboral y se respeten los derechos de los trabajadores”, afirma Máximo Blanco.