La Junta persigue alcanzar un acuerdo conjunto para los Presupuestos de 2023

El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, ha pedido a los partidos políticos con representación en el parlamento regional “que estén a la altura de las circunstancias” para dar a la ciudadanía “una imagen de fortaleza y de que en estos momentos estamos más unidos que nunca”.

González ha hecho este llamamiento a la unidad después de anunciar que la próxima semana comenzarán los contactos entre representantes de la Junta de Extremadura y de los partidos políticos y agentes sociales de la región para intentar alcanzar un acuerdo en la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2023.

Así, según ha avanzado, el próximo lunes iniciarán los contactos con los representantes de Ciudadanos, continuarán el martes con el Partido Popular, y el viernes habrá reuniones con los sindicatos UGT y CCOO y con el grupo de Unidas por Extremadura. Esta ronda de contactos se cerrará el martes, 27 de septiembre, con la patronal extremeña (CREEX).

También ha señalado que el inicio de estas conversaciones responde a la voluntad del presidente de la Junta de Extremadura de hablar con “todas las fuerzas políticas”, algo que ya manifestó Fernández Vara en los actos institucionales del Día de Extremadura.

Ante la situación “tan extraordinaria que vivimos”, llena de complejidad e incertidumbre, Juan Antonio González se señalado que “los ciudadanos tendrían más confianza en los partidos políticos si fueran capaces de llegar a un acuerdo presupuestario”.

En este mismo sentido, González ha pedido también un esfuerzo a los grupos parlamentarios para llegar al “máximo consenso posible” en la tramitación del proyecto de ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos, que comienza mañana jueves en la cámara regional.

El portavoz ha destacado la importancia de este texto, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 7 de julio, ya que, como recordó entonces la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Mortales, es un intento de “poner la Administración al servicio de la ciudadanía”.

Este proyecto y la Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa son “un paradigma” para cambiar “la concepción” de la Administración y pueden convertir a Extremadura en un referente en el objetivo de conseguir una administración más ágil, menos burocrática y más eficaz, ha subrayado.