La justicia da la razón a madres lesbianas discriminadas por la Agencia Tributaria de Mérida

Las mujeres madres, trabajadoras, y con un hijo menor de 3 años a su cargo, pueden solicitar una prestación a la Agencia Tributaria de 100 euros mensuales adelantados o cobrarlo en el ejercicio de la renta vencido.

Estos son los tres requisitos que se exigen para cobrar esta ayuda que viene a solventar la situación de desigualdad que sufren las mujeres en el mercado laboral. Es decir, no es una ayuda para las familias, sino para las mujeres madres y trabajadoras.

Todo comienza en 2016, cuando a María, pareja de Inmaculada, solicita esta ayuda cuando nació su hijo. Recibieron la notificación a favor de este derecho pero a las dos semanas reciben otra informándole de la denegación del mismo argumentando que “no cumplía con el requisito de tener un hijo”.

María es madre biológica, mientras que Inmaculada es la mamá gestante, lo que se llama inseminación cruzada. Ambas decidieron que la ayuda la cobraría María por encontrarse trabajando en esos momentos. La decisión de no poder adquirir este derecho la tomó un funcionario de la Agencia Tributaria de Mérida la cual fue abalada por el director de este organismo.

Tras la denegación, la pareja de madres reclamaron varias veces. Ahora, después de dos años y medio, la justicia le da la razón. Un derecho reconocido a nivel estatal y que ya fue reclamado también ante la justicia catalana, valenciana y Andaluza.

“Tenemos claro que mi familia es una familia. No podía consentir que nadie me dijera que yo no soy la mamá de mi hijo”, lamenta María. Ahora está “satisfecha” pero reconoce que le da pena que hayan tenido que pasar por esta situación durante más de tres años para recibir este reconocimiento. “Ninguna familia tiene que esperar esto por el simple hecho de ser de otra orientación sexual”, señala.

A partir de que a María se le deniega esta ayuda, saltan las alarmas en la Agencia Tributaria emeritense. Como consecuencia de ello, salen afectadas otras dos familias de madres lesbianas.

Llega el caso de María Calle, otra mamá casada con una mujer con la que tiene dos niñas. María pidió esta ayuda para su primera hija, la cual le fue concedida sin ningún tipo de impedimento. Año y medio después nace su segunda hija, aunque en este caso la madre gestante fue su pareja. Las dos pensaron que, al ser María la que había estado cobrando la ayuda por su primera hija, no habría impedimento por cobrar por la segunda, pero no fue así.

Al solicitar la segunda vez la ayuda, esta le fue concedida sin problemas y la estuvo cobrando durante seis meses. Un día se da cuenta que deja de recibirla y en la Agencia le explican que había estado cobrando esta prestación de manera irregular, por lo que ahora tendría que abonar la cuantía más una multa.

María Calle no podía dar crédito a lo que le estaba ocurriendo. Desde la Agencia le indicaban que debía ser su pareja la que solicitase la ayuda. “Me dijeron que qué más me daba, que la solicitara mi pareja. Pero no es una cuestión de dinero, es de dignidad”, afirma. Defiende que ella es tan madre como su pareja, por lo que está en los mismos derechos de solicitar esta ayuda.

REQUISITOS

Y es que, la ayuda solo puede cobrarla una de las partes, aunque lo cierto es que no se trata de una ayuda familiar, sino destinada, como ya hemos indicado, a las madres trabajadoras por la situación de desigualdad a la que se enfrentan en el mercado laboral.

Fernando Gómez, abogado de Qualit Abogados, y que presta atención a Fundación Triángulo, ha sido el encargado de defender estos casos. Explica ante los micros de 7Días que el Tribunal Económico Administrativo regional trabaja tanto a nivel autonómico como estatal. Es un tribunal administrativo, no integrado en la propia Agencia Tributaria, pero por el que hay que pasar antes de ir a la vía jurisdiccional.

En este caso, la sentencia de este tribunal ha sido acatada por la Administración, por lo que no será necesario recurrir a otros tribunales. Además servirá de precedente para futuros casos y para aquellas madres que también se hayan visto afectadas y que por miedo no se atrevieran a reclamar.

Silvia Tostado, coordinadora del área de familia Fundación Triángulo, ha indicado que tras la rueda de prensa ofrecida se dirigirían hasta la Agencia Tributaria para trasladar un escrito a su responsable.

Además, están estudiando si inician acciones legales contra el funcionario que tomó la decisión, así como el superior que la abaló por considerar que en la misma interfirieron criterios ideológicos.