Denuncian que la Junta desvíe las ayudas agrarias a "líneas medioambientales no productivas"

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura ha señalado que "la Junta de Extremadura tiene transferidas las competencias para la aprobación de las ayudas de Desarrollo Rural, actualmente Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027". La Comisión Europea permite anualmente la modificación de las partidas presupuestarias dedicadas a cada línea de actuación. 

Por ello, la organización agrícola ha presentado una propuesta de modificación de dichos fondos "para dedicarlos preferentemente a actividades productivas dentro del sector agrario, ya que habíamos apreciado que una parte muy importante de los fondos se dedicaban a actividades no productivas y no relacionadas con el sector agrario". 

En relación a esto, han aclarado que "estos fondos del PEPAC provienen de la Política Agraria Comunitaria, y es en este sector donde deben ser invertidos si queremos invertir en alumbrado de castillos o señalización de senderos, los fondos tendrán que salir de otras arcas". 

Respecto a las partidas presupuestarias propuestas por la Junta de Extremadura a la Comisión Europea, indican que "destinamos más de 200 millones de euros a partidas para el sector forestal silvícola y actuaciones no productivas, mientras que no se dota suficientemente las partidas para modernización del campo extremeño y para incentivar el relevo generacional en el sector agrario de la región". 

Sin embargo, aseguran que "la Junta de Extremadura ha rechazado la totalidad de las propuestas presentadas por La Unión alegando que las mismas priorizan las intervenciones dirigidas a los agricultores". En este sentido reprochan que "el hecho de que se critique que los fondos de la Política Agraria Comunitaria priorizan a los agricultores tiene algo de guasa". 

Así, desde la organización agrícola han indicado que "no podemos permitir el destinar 10 millones de euros al clima, 29 millones a la Red Natura 2000 o 12 millones a actuaciones silvícolas y que, en cambio, los profesionales que llevan más de 5 años instalados no puedan acceder a ayudas para modernizar el campo extremeño o no se actúe contra el envejecimiento del sector agrario". Esta reivindicación va a ser una de las que ha llevado a la Unión a convocar la manifestación el próximo 26 de febrero en Mérida.