Las redes estallan ante el decreto del Ayuntamiento de prohibir la música

La concejala María José Solana, acompañada del Superintendente de la ciudad de Badajoz Rubén Muñoz, dieron cuenta ayer de los asuntos tratados en la Junta Local de Seguridad referidos a las medidas adoptadas para garantizar el normal desarrollo del Carnaval 2017.

800 efectivos trabajarán cada día por garantizar la seguridad de la ciudad, entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, entre otros, que vienen realizando trabajo previos que serán efectivos los días de las fiestas.

Establecen dos zonas de referencia policial en Casco Antiguo y Conquistadores con presencia fija de efectivos y, como novedad, se acota un recorrido para el desfile nocturno de comparsas desde las 23 hasta las 8 horas.

En cuanto a los cortes de tráfico, serán los habituales de Plaza de España, San Atón, Conquistadores y adyacentes.

La Policía Local va a realizar un especial seguimiento y persecución a los vendedores ambulantes de comida que no cumplan con las licencias y requisitos legales necesarios para el desarrollo de esta actividad con alto riesgo de insalubridad.

OTRO AÑO SIN MÚSICA

El superintendente Muñoz explicó que han aprobado la ampliación de horarios de establecimientos de hostelería que podrán permanecer abiertos hasta las 8, autorizándose las barras pero no la actividad musical en el exterior de los locales.

Ante esta controvertida decisión, miles de pacenses están mostrando públicamente su malestar a través de las redes sociales, manifestando que “Badajoz es el carnaval de la calle, los turistas vienen a visitarnos por ello, además de venir a ver a murgas y comparsas”.

Cabe recordar que el Ayuntamiento ya decretó esta decisión el carnaval del año pasado, suponiendo un agravio a los hosteleros de la ciudad que vieron cómo la afluencia a las zonas carnavaleras se veía muy mermada.

Comparsas, carnavaleros y pacenses de a pie han anunciado que están buscando el consenso para realizar manifestaciones previas al Carnaval en la Plaza de España, para obligar así al ayuntamiento a que recapacite y retire esta medida.