Los agricultores extremeños siguen sumando apoyos ante los precios ruinosos

El campesinado extremeño del norte de Cáceres está movilizándose porque los precios que reciben no cubren los gastos que requieren sus producciones. Especialmente castigado está siendo el sector del olivar, que en los últimos años está viendo como el precio que reciben por las aceitunas no responden ni mucho menos a los gastos de la explotación, y a la obtención de unos mínimos ingresos.

En Extremadura la producción de aceite de oliva, la vendimia, las frutas y hortalizas, junto a las producciones del sector agroganadero constituyen un componente importante de la vida en el mundo rural y de las exportaciones fuera de la comunidad extremeña.

Dada la importancia de la producción agrícola el campesinado extremeño debería tener una participación importante para poder controlar los precios de sus productos, superando la intervención de intermediarios y poder de las multinacionales para imponer precios producción agrícola. Pero en el capitalismo ocurre todo lo contrario.

Esta situación de precios bajos se viene repitiendo desde hace muchos años frente a las enormes ganancias de las grandes empresas intermediarias asociadas a la distribución y comercialización que están controlando los mercados imponiendo costes de elementos parar los cultivos muy elevados y, por otro lado, pagando bajos precios a los productores agrícolas.

En medio de este proceso hay una burguesía agraria con una actitud contradictoria; por un lado, anima e interviene en las protestas, y por otro, se aprovecha de estos precios agrícolas que arruinan a los pequeños agricultores comprando e incrementando la tierra en sus manos.

Al igual que otros compañeros del territorio español el campesinado del norte de Cáceres propone que para acabar con estas mafias hay que proceder a “la nacionalización de las grandes empresas transformadoras y comercializadoras para asumir los procesos de producción, distribución y comercialización del producto y poniéndolos bajo la gestión y control popular”.

Denuncian la actitud de la Junta de Extremadura, del Estado español y la UE que, como representantes de los intereses de la oligarquía, están impulsado unas políticas que llevan al hundimiento de los precios y a la importación de diferentes producciones agrarias de terceros países, en perjuicio de los agricultores españoles, y en particular de los extremeños.

“Los agricultores no deben olvidar que para defenderse de los grandes monopolios que los saquean necesitan la unidad con los trabajadores del campo”. En este orden de cosas, consideran que las reivindicaciones de unos precios justos no se pueden disociar de las luchas por unos jornales justos para la clase obrera agrícola.

Reclaman la necesidad de una Reforma Agraria y que las tierras ociosas en manos de bancos, fondos buitres y terratenientes se pongan a disposición de las trabajadoras en paro de nuestros pueblos, primando la diversificación productiva y la producción ecológica por encima de la agroindustria que envenena el medio ambiente. Así como, una distribución de los fondos de la PAC, para los verdaderos productores agrícolas.