Los manifestantes están recibiendo multas tras las protestas en Extremadura

El 22 de febrero de 2022 se celebró una tractorada para protestar "por los altos costes de producción y los precios ruinosos que reciben los agricultores por sus productos" desde distintas comarcas de Extremadura. Esta tractorada se concentró en la Rotonda del cruce de la N-430 con la autovía que une Miajadas con Don Benito.

Posteriormente, por la tarde-noche, una parte de los manifestantes se trasladaron a Don Benito para protestar ante el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según indican desde La Unión, "parece ser que este acto fue el que realmente cabreó tanto al Gobierno de la Nación como a la Junta de Extremadura".

Y es que al parecer la Delegación del Gobierno en Extremadura está enviando en estos momentos comunicaciones de denuncias tanto a los responsables de las organizaciones convocantes como a agricultores, "estuviesen en el acto de protesta o no".

"La mayor parte de las denuncias que estamos recibiendo son de una cuantía de 500 euros por no respetar las normas que autorizó la Delegada del Gobierno, Dña. Yolanda García Seco", expresan.

En cambio, al secretario general de La Unión le han comunicado la interposición de tres sanciones, en teoría, por el mismo hecho:

1ª.-  De 200 € de importe y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir, por no respetar las señales de los agentes de la autoridad.

2ª.- De un importe de 500 € por no respetar lo aprobado por la Delegación del Gobierno.

3ª.- De un importe de 3.000 € por desobediencia a los agentes en dicha protesta.

"La estrategia de la Delegada es clara, coaccionar a los manifestantes imponiéndoles importantes multas y retirada de puntos del carnet para que en próximas convocatorias nos comportemos de manera más dócil y no tengan consecuencia las protestas", sostienen.

Añaden que lo más grave es "la impotencia de impugnar estas sanciones ya que gracias a la Ley Mordaza los ciudadanos estamos desamparados ante los atropellos de las Fuerzas de Seguridad, que pueden actuar con impunidad como si estuviésemos en cualquier dictadura bananera".

Denuncian así la hipocresía de los partidos políticos que componen el Gobierno de la nación, PSOE y Unidas Podemos, "que hicieron campaña en contra de esta Ley aprobada por el PP y que aseguraban que solo duraría lo que tardasen en entrar en el Gobierno; pues no solo este Gobierno no la ha derogado, sino que se sirve de la misma para coaccionar a los ciudadanos. Una vergüenza".